Jueces federales pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitar que las Afores heredadas paguen Impuesto sobre la Renta (ISR), como aboga la ministra Lenia Batres.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un posicionamiento ante la próxima discusión de la Contradicción de Criterios 49/2026 en el Pleno del máximo tribunal.

La controversia jurídica escaló luego de que la ministra Lenia Batres propuso cobrar impuesto a las herencias y el dinero que los beneficiarios reciben de la Afore de trabajadores fallecidos, planteamiento que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó.

La JUFED afirmó que las propuestas para aplicar el ISR a estas cuentas de retiro, así como otros gravámenes a legados, deben analizarse bajo los principios de equidad, legalidad y protección de los derechos fundamentales. La asociación sostuvo que considerar estos fondos como un ingreso gravable bajo el argumento de que los familiares no los generaron directamente con su trabajo desconoce la naturaleza del ahorro pensionario.

Lios jueces su rechazo a la iniciativa recaudatoria a través de los siguientes puntos:

• Protección familiar: Los fondos representan el patrimonio construido por el trabajador durante su vida laboral y su finalidad es brindar protección económica a sus familias tras su muerte.
• Función judicial: El Poder Judicial de la Federación carece de facultades constitucionales para diseñar políticas tributarias o impulsar mecanismos de redistribución de la riqueza mediante fallos judiciales.
• Competencia legislativa: La facultad exclusiva para establecer contribuciones y cargas fiscales pertenece al Poder Legislativo.

Los límites del Poder Judicial en la política fiscal

Los magistrados y jueces federales rechazaron que los tribunales del país funcionen como herramientas para impulsar agendas de carácter ideológico o recaudatorio.

De acuerdo con el organismo, la autonomía de los juzgadores sirve como la garantía principal para salvaguardar el patrimonio familiar frente a interpretaciones que confunden la equidad con un incremento en la carga tributaria.

La asociación concluyó que la impartición de justicia debe privilegiar la defensa de los derechos consagrados en la Constitución Política, especialmente los vinculados con la seguridad social y la certeza jurídica, por encima de los criterios de recaudación del gobierno.

(Con información de El Financiero)