El activista Miguel Alfonso Meza fue sancionado por autoridades electorales en Chihuahua tras publicar señalamientos sobre Silvia Rocío Delgado García, actual jueza electa y quien anteriormente participó en la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La resolución fue emitida por el Tribunal Electoral local, que determinó que las publicaciones constituyeron violencia política contra las mujeres en razón de género, ordenando medidas en su contra.

Resolución del tribunal electoral

Como parte de la sanción, el tribunal ordenó al activista eliminar las publicaciones, emitir una disculpa pública y registrarse durante 180 días en el padrón de personas sancionadas por este tipo de conductas. La decisión se tomó tras un proceso que inició en 2025 y que incluyó revisiones y resoluciones previas antes de llegar a esta determinación.

Señalamientos sobre trayectoria de la jueza

El caso se originó a partir de publicaciones en las que Meza cuestionó el perfil de Delgado García, señalando su participación como abogada en la defensa de “El Chapo”. La defensa de la jueza argumentó que estos señalamientos redujeron su trayectoria profesional a un solo episodio, lo que consideró una afectación a sus derechos políticos.

Rechazo del activista a la sanción

Tras la resolución, el activista manifestó públicamente su desacuerdo y aseguró que la información difundida era verídica y de interés público, por lo que rechazó acatar las medidas impuestas por la autoridad electoral.

Días después, también denunció la eliminación de su cuenta en redes sociales, situación que posteriormente fue revertida tras una serie de reacciones públicas.

Debate entre derechos y libertad de expresión

El caso ha generado debate al poner en tensión dos principios: la protección contra la violencia política de género y la libertad de expresión en temas de interés público, especialmente cuando se trata de perfiles que aspiran o ejercen cargos dentro del Poder Judicial.

Además, la controversia ha impactado la percepción sobre los procesos de selección de jueces, ya que Delgado García obtuvo el cargo en medio de cuestionamientos por su trayectoria profesional previa.

Proceso aún abierto

De acuerdo con los reportes, el caso podría continuar en instancias superiores del Tribunal Electoral, lo que mantiene abierta la discusión sobre los alcances de este tipo de sanciones y su impacto en el debate público.

La resolución se ha convertido en un referente dentro de la discusión sobre el uso de la figura de violencia política de género en procedimientos relacionados con críticas y señalamientos hacia figuras públicas.

Con información de Código Magenta.