La economía mexicana entró en recesión técnica al cierre de marzo de 2025, tras acumular dos trimestres consecutivos con caídas del PIB, revelaron analistas de Citi en conferencia de prensa.

Julio César Ruiz, economista en jefe para México de la institución, detalló que el Producto Interno Bruto cayó 0.4% en el primer trimestre del año, tras una baja del 0.6% en el cuarto trimestre de 2024.

Ruiz agregó que Citi prevé un crecimiento económico de apenas 0.2% para todo 2025, estimación que coincide con la de otros analistas consultados por el banco.

Causas: desaceleración de EU e incertidumbre interna

Los economistas de Citi atribuyen la recesión mexicana a dos factores principales: la desaceleración económica en Estados Unidos y la elevada incertidumbre nacional.

Se prevé que EU crecerá solo 1.1%, por debajo del consenso de 1.7%. A nivel interno, la incertidumbre política y jurídica —en especial por las reformas al Poder Judicial y la próxima revisión del T-MEC en 2026— han frenado la inversión.

“El crecimiento de México se verá presionado por la falta de confianza de los inversionistas”, afirmó Ruiz.

El peor desempeño económico en América Latina

Felipe Juncal, economista para México y América Latina de Citi, advirtió que México tendrá el crecimiento más bajo entre las 12 principales economías de la región.

Mientras países como Argentina crecerán 5% y el promedio regional será de 2.2%, México apenas alcanzará un 0.2%.

Citi prevé además una contracción de la inversión de 0.8% y un déficit fiscal de 5.3% del PIB. La consolidación fiscal será otro desafío, ya que se espera reducir el déficit ampliado de 5.7% a cerca del 4%.

Inflación y tasas de interés en descenso

A pesar del débil panorama económico, la inflación muestra señales de control. Se estima una inflación general de 3.9% para 2025 y 3.7% en 2026.

Esto abre espacio para que el Banco de México reduzca su tasa de interés, actualmente restrictiva. Citi proyecta una tasa de 6.25% para finales de 2026.

Además, el remanente operativo de Banxico podría permitir una transferencia al gobierno de hasta 0.5% del PIB, lo que reduciría el déficit fiscal a 4.5%.

Con información de El Economista