Niños y adolescentes de México: ¿Deben vincular su número de celular con la CURP?
Especialistas advierten que, si no se completa el proceso antes del 30 junio de 2026, las líneas no registradas serán desactivadas.
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado un intenso debate sobre si los niños y adolescentes deben vincular su número de celular con la CURP, luego de la medida, impulsada para combatir delitos como la extorsión, podría impactar directamente a millones de menores que utilizan dispositivos móviles en su vida diaria.
Se estima que para 2026 habrá hasta 22 millones de niñas, niños y adolescentes con acceso a un celular en el país, lo que convierte esta discusión en un tema clave para el acceso a la comunicación y la inclusión digital.
¿Quién debe registrar la línea telefónica?
De acuerdo con los lineamientos del padrón, todas las líneas deben estar vinculadas a la identidad de una persona mediante una identificación oficial. Sin embargo, esto plantea un problema: los menores de edad no cuentan con documentos como la credencial del Instituto Nacional Electoral, que es uno de los principales medios de validación.
Ante esta limitación, la normativa establece que el titular de la línea debe ser un adulto, generalmente el padre, madre o tutor legal. El menor puede figurar como usuario, pero no como responsable legal del número telefónico.
Riesgos de exclusión digital
Especialistas advierten que, si no se completa el proceso antes del 30 junio de 2026, las líneas no registradas serán desactivadas, quedando habilitadas únicamente para llamadas de emergencia como el 911. Esto podría generar una desconexión digital significativa para millones de menores.
Además, la falta de acceso a servicios móviles afectaría actividades educativas, sociales y de seguridad, limitando su derecho a la comunicación y a las tecnologías de la información
Aunque el objetivo del padrón es fortalecer la seguridad, expertos señalan la necesidad de garantizar que su implementación no excluya a la niñez. El reto para las autoridades y empresas de telecomunicaciones será equilibrar la prevención del delito con la protección de los derechos digitales de los menores.
(Con información de El Economista)
