¿No dejan de llamar? Hay multas por acoso telefónico de bancos y comercios

El Senado fijó multas de hasta 2.3 millones de pesos por llamadas comerciales no deseadas e impulsará el Registro Público contra el Acoso Telefónico.

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El Senado de la República aprobó en días pasados imponer sanciones económicas que alcanzan los 2.3 millones de pesos a empresas que realicen acoso telefónico comercial y publicitario sin consentimiento.

¿De cuánto serán las multas por acoso telefónico comercial?

Las modificaciones al artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor fijan castigos económicos severos diseñados para desincentivar la persistencia de las llamadas spam de bancos, aseguradoras y comercios:

  • Multa mínima: 56 mil 570 pesos.
  • Multa máxima: 2 millones 345 mil 728.71 pesos.

La promotora de la reforma, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, precisó que la finalidad de estas sanciones es resguardar la privacidad del consumidor para que ejerza libremente su derecho a negarse a recibir publicidad.

Habrá un Registro Público contra el Acoso Telefónico

La reforma aprobada por los legisladores establece mecanismos punitivos e instrumentos de protección para asegurar el cumplimiento de la ley:

  • Inscripción gratuita: Las personas podrán registrarse sin costo en el Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial para no recibir llamadas publicitarias.
  • Consulta obligatoria: Las empresas deberán revisar esta base de datos antes de efectuar cualquier campaña telefónica y acatar la voluntad del usuario.
  • Cero deslindes por terceros: Las compañías no podrán evadir su responsabilidad alegando que el contacto comercial fue realizado por despachos externos o call centers.

Impacto de las llamadas de spam telefónico

El dictamen legislativo resalta que México se posiciona entre los cinco países con mayor cantidad de llamadas no deseadas a nivel global, registrando entre 20 y 25 contactos spam al mes por usuario. Los senadores remarcaron que este acoso constante altera la tranquilidad de la ciudadanía y la expone directamente a vulnerabilidades financieras y estafas.

El dictamen aprobado en la Cámara Alta continuará su proceso constitucional en la Cámara de Diputados para su eventual ratificación.

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