Gerardo Fernández Noroña defendió la adquisición de camionetas de lujo para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que estos vehículos son herramientas de trabajo necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Según el legislador, los altos cargos del Estado requieren condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y operatividad institucional, por lo que el uso de vehículos oficiales no debería interpretarse como un privilegio.

El senador sostuvo que sería irreal exigir que ministros o funcionarios de alto nivel se trasladen en transporte público o vehículos personales, ya que su labor implica riesgos, agenda constante y responsabilidades que demandan infraestructura adecuada.

Noroña (@fernandeznorona):

Usted inventa argumentos para luego deshacerlos, es la táctica vieja de los grillos que evaden razonar.

1. Nadie dice que los ministros deben trasladarse en Metro o llegar caminando al trabajo. Quítese esas lagañas.

2. Nadie dice que los ministros… pic.twitter.com/pxcMQ4e8Q7

— Marco Levario Turcott (@Arouet_V) January 24, 2026

Costos y características de la compra

La Suprema Corte informó que adquirirá nueve camionetas Jeep Cherokee, una para cada ministro, con un costo que oscila entre más de un millón y casi dos millones de pesos por unidad.

La institución argumentó que la renovación de la flotilla responde a criterios de seguridad, debido a que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios para la protección de los ministros.

Noroña añadió que los ministros no perciben sueldos superiores al de la presidenta de la República y que, en muchos casos, utilizan recursos personales para funciones públicas, lo que, según su postura, refuerza la idea de que los vehículos oficiales forman parte de las herramientas institucionales y no de beneficios personales.

Críticas internas y choque con la austeridad

Las declaraciones del senador generaron reacciones dentro de Morena. Ricardo Monreal expresó que este tipo de adquisiciones contradicen el discurso de austeridad republicana, uno de los pilares del proyecto político del partido en el poder.

Para el legislador, la compra de vehículos de alto costo envía un mensaje contradictorio frente a la narrativa de reducción de privilegios en el servicio público.

Monreal reconoció que la ciudadanía tiene motivos para cuestionar este tipo de gastos, ya que el discurso político ha insistido en la necesidad de sobriedad, responsabilidad fiscal y congruencia entre las promesas y las decisiones administrativas.

Debate público sobre privilegios y poder

La polémica por las camionetas de lujo evidenció una discusión más profunda sobre el uso de recursos públicos en el Poder Judicial.

Mientras algunos actores políticos consideran que el gasto es justificable por razones operativas, otros lo interpretan como una señal de distancia entre el discurso político y la práctica gubernamental.

El caso también reavivó el debate sobre la percepción ciudadana del Poder Judicial, el concepto de privilegio en la función pública y los límites entre necesidades institucionales y excesos en el gasto.

Contradicciones del discurso de austeridad

La controversia por las camionetas refleja una tensión constante en la política mexicana: la dificultad de aplicar la austeridad de manera uniforme. Mientras el discurso oficial insiste en eliminar privilegios, decisiones como esta muestran que el concepto de “necesidad institucional” puede convertirse en una justificación para gastos que la ciudadanía percibe como excesivos.

Con información de El Financiero.