Desde 2026, una resolución judicial impide a Teléfonos de México (Telmex) retirar sus casetas telefónicas en la Ciudad de México, debido a una cláusula obligatoria en su título de concesión original que las mantiene vigentes.

El origen legal de las cabinas de Telmex

La presencia de estos dispositivos en la vía pública no responde a una estrategia comercial de la empresa, sino a un mandato administrativo heredado.

Según registros oficiales, la modificación al título de concesión de Telmex, firmada en agosto de 1990, impuso a la compañía la obligación permanente de instalar y mantener operativas las casetas.

Aunque la tecnología ha avanzado y la mayoría de estos dispositivos carecen de soporte técnico o uso cotidiano, la normativa vigente actúa como un candado legal.

De acuerdo con la empresa, la estructura regulatoria impide realizar el retiro unilateral de las estructuras sin contar con la autorización explícita de la autoridad correspondiente.

El reclamo de Carlos Slim

Carlos Slim Helú, propietario del conglomerado, ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés por gestionar el retiro de los teléfonos públicos que ya no se encuentran en producción.

En sus declaraciones, el empresario ha destacado la complejidad operativa que implica mantener esta infraestructura a nivel nacional.

Dispositivos activos: La empresa estima que existen cerca de 500 mil teléfonos distribuidos en todo el país.

Solicitudes previas: Telmex ha solicitado al regulador, en diversas ocasiones, el permiso necesario para disminuir esta cantidad, argumentando la obsolescencia técnica de los equipos.

Gestión actual: Ante la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el cambio en la estructura institucional, la responsabilidad de gestionar el espacio público ha transitado hacia nuevas autoridades.

¿Qué pasará con el retiro de casetas?

El Congreso de la Ciudad de México ha impulsado un modelo en el que el retiro de mobiliario urbano en desuso será gestionado directamente por el Estado. Esta transición administrativa refuerza la postura legal de que la compañía no cuenta con facultades para ejecutar el retiro por iniciativa propia.

(Con información de redes sociales y Cronista)