Organizaciones civiles e integrantes de la comunidad docente promueven en Ciudad de México la “ley Alberto” para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso; tras la muerte del maestro Alberto Israel Jasso Cruz

¿Cómo surgió la propuesta de la Ley Alberto?

La movilización ciudadana tuvo su origen a raíz de la muerte del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, quien contaba con una trayectoria de 25 años en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México.

Antes de su deceso, el profesor difundió un mensaje público en el que defendió su inocencia frente a un seccionamiento por presunto abuso sexual. En dicho video, el académico cuestionó la efectividad de los protocolos institucionales y advirtió sobre las afectaciones reputacionales, emocionales y económicas que enfrentan los señalados antes de la concluyan las investigaciones.

“Quiero que se entienda como un acto de rebeldía o un sacrificio para que mejore el sistema de justicia y se respete la presunción de inocencia”,

declaró Alberto Israel Jasso Cruz en su mensaje grabado.

Ejes principales de la iniciativa social

Presunción de inocencia: Establecimiento de medidas cautelares objetivas que eviten prejuzgar a la persona señalada en entornos escolares.

Revisión de protocolos: Modificación de manuales del IEMS para evitar que las suspensiones preventivas generen hostigamiento o desprotección jurídica.

Sanciones por denuncias falsas: Inclusión de penalizaciones para quienes incurran en acusaciones fabricadas con dolo.

Acompañamiento integral: Asistencia legal y psicológica para ambas partes durante las indagatorias en la fiscalía.

¿En qué consiste la “ley Alberto” y cuál es su estatus actual?

La propuesta, impulsada por la organización Equidad y Justicia junto a colectivos y usuarios de redes sociales, busca equilibrar las normativas institucionales. Los promotores sostienen que el objetivo es proteger a los acusados de daños morales irreversible sin desamparar a las víctimas de delitos reales.

A pesar de la conversación generada en la opinión pública, la “ley Alberto” es un movimiento de exigencia social y no una iniciativa legislativa formal. Hasta el momento, no se ha presentado ningún proyecto con articulado ante el Congreso local o federal para iniciar su trámite.

(Con información de redes sociales)