Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y Maru Campos, de Chihuahua; no serán detenidos tras comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), porque sus citatorios corresponden a calidad de testigos.

¿Bajo qué condiciones un testigo puede ser arrestado en México?

De acuerdo con la aclaración de la Secretaría de Gobernación (Segob), los citatorios emitidos por la FGR cumplen estrictamente con un asunto de procedimiento. Al acudir en calidad de testigos, el marco legal mexicano impide que las autoridades ejecuten un arresto inmediato o que los remitan a un centro penitenciario durante o después de su declaración.

El artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) señala que los ciudadanos tienen la obligación de comparecer y declarar la verdad sobre los hechos cuestionados.

Sin embargo, este mismo artículo protege al compareciente al estipular que el testigo no tiene la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal de forma directa.

Por lo tanto, un arresto solo procedería si la fiscalía cambia su situación jurídica de "testigo" a "imputado" mediante una orden de aprehensión girada previamente por un juez, basada en una investigación formal.

¿Qué consecuencias enfrentan Rubén Rocha y Maru Campos?

A pesar de la garantía de no detención inmediata, ambos mandatarios enfrentan escenarios políticos y judiciales complejos por los casos que indaga la federación:

Rubén Rocha Moya (Sinaloa): Afronta señalamientos provenientes de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. El gobernador confirmó su asistencia y declaró: "atenderé el requerimiento con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer".

Maru Campos (Chihuahua): Fue requerida para declarar sobre el ingreso de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para un operativo contra laboratorios de narcóticos en la localidad de Morelos. La gobernadora acusó una persecución política en su contra.

El alcance de las investigaciones de la FGR

La Secretaría de Gobernación precisó que el proceso judicial se realiza conforme a la ley y descartó cualquier tipo de interés político en las indagatorias.

Los citatorios federales también alcanzan a otros servidores públicos de ambas entidades. En Sinaloa, las notificaciones se extendieron a nueve funcionarios locales, entre los que destacan Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

En el caso de Chihuahua, la FGR llamó a comparecer a 50 funcionarios estatales con el objetivo de deslindar responsabilidades en torno a la operación de la agencia extranjera en el territorio nacional.

(Con información de redes sociales)