Suman 60 años más a José Luis Abarca por caso Ayotzinapa y ataque a Los Avispones

La sentencia también alcanza a Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, y otras 26 personas.

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José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en los homicidios calificados de seis personas, entre ellas el estudiante normalista Julio César Mondragón Fontaine, asesinado durante los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014, que también derivaron en la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa.

La sentencia también alcanza a Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, y otras 26 personas, quienes recibieron la misma pena por estos crímenes, de acuerdo con información publicada por La Jornada este jueves 19 de noviembre de 2026.

Sentencian a exalcalde de Iguala por homicidios

El fallo fue emitido por Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas.

La resolución establece que Abarca Velázquez actuó como inductor de los homicidios, mientras que Flores Velázquez fue considerado autor mediato.

Además, los sentenciados fueron encontrados responsables del delito de homicidio simple en grado de tentativa, en agravio de 61 personas, por el ataque perpetrado por policías municipales contra integrantes del equipo de futbol Los Avispones, durante los acontecimientos de septiembre de 2014.

Los abogados del exalcalde impugnaron la sentencia de primera instancia, por lo que un tribunal colegiado deberá determinar si confirma, modifica o revoca la resolución.

Familia de normalista exige investigar tortura

Julio César Mondragón fue localizado sin vida el 27 de septiembre de 2014, después de intentar escapar de los disparos realizados por policías municipales contra estudiantes normalistas. Su cuerpo presentaba lesiones y había sido encontrado sin rostro.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña a su familia, consideró que la sentencia representa un avance después de 12 años, pero señaló que deja fuera la investigación por tortura.

Por ello, exigió a la Fiscalía General de la República investigar ese delito, llevar ante la justicia a los responsables y garantizar una reparación integral del daño para los familiares del estudiante.

(Con información de La Jornada)

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