A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, los ataques con drones cargados de explosivos han alterado la vida cotidiana en las comunidades rurales y amenazan con impactar la participación ciudadana en las urnas.

TERROR EN LAS CALLES DE COLOMBIA

En Potrerito, una pequeña localidad del municipio de Jamundí, la incertidumbre domina el ambiente. Gladys Marín, habitante de la zona, vive a menos de 100 metros de la estación de policía —uno de los blancos frecuentes de ataques— y aún no decide si acudirá a votar el próximo domingo.

“El día, gracias a Dios, empieza bien porque uno se levanta, pero uno tiene que estar pendiente de lo que pasa… porque vivimos muy cerca de la estación de policía”, declaró.

Las agresiones, atribuidas a disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz, han dejado viviendas dañadas, escuelas cerradas y calles prácticamente vacías. La cercanía de instalaciones policiales ha convertido a estas comunidades en puntos de alto riesgo.

Terror en las calles de Colombia. (Foto: AP)

UN PAÍS EN ALERTA ELECTORAL

La Misión de Observación Electoral advierte que al menos 386 municipios —casi un tercio del país— presentan riesgo de hechos violentos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y estructuras de origen paramilitar.

En paralelo, la Fundación Ideas para la Paz estima que alrededor de 27 mil personas permanecen en armas en el país, lo que refleja la persistencia del conflicto interno pese a los esfuerzos de pacificación.

Defensores de derechos humanos han propuesto trasladar los puestos de votación fuera de las zonas rurales más afectadas para garantizar la seguridad de los votantes, una medida que evidencia la gravedad de la situación.

“ENJAMBRES” DE DRONES: LA NUEVA AMENAZA

En localidades cercanas como Robles, barricadas improvisadas bloquean calles y policías permanecen atrincherados en garitas, atentos a cualquier movimiento en el aire.

Según autoridades locales, los grupos armados han sofisticado sus tácticas al utilizar ataques simultáneos con múltiples drones —descritos como “enjambres”— para aumentar el daño y dificultar la respuesta de la fuerza pública.

El impacto de esta estrategia es evidente: el Ministerio de Defensa de Colombia reportó 333 ataques con drones en 2025, un aumento significativo frente a los 61 registrados en 2024. En lo que va del año, estos artefactos han causado la muerte de al menos dos militares.

Aunque el Estado ha implementado inhibidores de señal y planea un “escudo nacional anti-drones”, las medidas aún resultan insuficientes frente a la rápida adaptación de los grupos ilegales.

PAZ BAJO PRESIÓN

El aumento de la violencia ocurre en medio de cuestionamientos a la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien ha buscado negociar con distintos actores armados. Sin embargo, el propio mandatario ha reconocido que los resultados no han sido los esperados y ha suspendido diálogos con algunas facciones.

De cara a las elecciones, los candidatos están divididos entre quienes proponen mantener las negociaciones y quienes abogan por una respuesta militar más contundente. Analistas advierten que, dependiendo del resultado electoral, la violencia podría incluso intensificarse tras los comicios, en un escenario donde los grupos armados buscan mantener el control de territorios estratégicos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.

Mientras tanto, en zonas como Jamundí, la decisión de votar ya no es solo un acto democrático, sino un cálculo de riesgo. Para muchos habitantes, acudir a las urnas implica exponerse a una amenaza que llega desde el cielo, en forma de drones convertidos en armas.

Con información de AP