El Supremo Tribunal Federal de Brasil se prepara para revisar una serie de casos que podrían marcar el futuro de la Amazonía y de los territorios indígenas, en plena disputa entre las políticas ambientales impulsadas por el gobierno de Lula da Silva y un Congreso con fuerte influencia del agronegocio.

Los asuntos que llegarán al máximo tribunal abarcan desde la demarcación de tierras indígenas hasta la protección de la selva frente a la expansión agrícola y nuevas reglas para autorizar proyectos de infraestructura. Para organizaciones ambientalistas, el STF se convirtió en una de las principales barreras frente al retroceso de las salvaguardas ambientales aprobadas por el Legislativo.

La tensión refleja las dificultades que enfrenta Lula para avanzar con su agenda ambiental. Aunque su gobierno logró reducir de manera importante la deforestación y destinó recursos a inversiones vinculadas con la economía verde, su margen de maniobra en el Congreso es limitado. 

“El gobierno es muy débil en el ámbito legislativo”, señaló Suely Araújo, coordinadora de políticas del Observatorio del Clima.

Las tierras indígenas, en el centro del debate

Uno de los asuntos más relevantes será la revisión de recursos relacionados con el fallo de 2025 que rechazó la llamada tesis del “marco temporal”, una propuesta respaldada por sectores del agronegocio que buscaba limitar las reclamaciones territoriales indígenas a las tierras ocupadas o en disputa legal cuando entró en vigor la Constitución, el 5 de octubre de 1988.

Los defensores de esta tesis argumentan que establece mayor seguridad jurídica para los propietarios de tierras. Las organizaciones indígenas, en cambio, sostienen que desconoce décadas de expulsiones y desplazamientos forzados ocurridos antes de esa fecha.

El STF analizará recursos presentados por el gobierno, partidos políticos, agricultores y organizaciones indígenas. Entre los puntos que podrían definirse están las reglas de compensación y los plazos para concluir las demarcaciones territoriales. Las votaciones están previstas para el 18 de agosto.

Ricardo Terena, abogado de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, advirtió que algunas propuestas podrían dificultar futuras demarcaciones al incrementar los obstáculos administrativos y ampliar los derechos de compensación de personas no indígenas que ocupan territorios en disputa.

Uno de los casos que evidencia la dimensión del problema es el del pueblo Kawahiva, una comunidad indígena aislada de la Amazonía. Las autoridades confirmaron su presencia en Mato Grosso en 1999, pero la demarcación física de su territorio apenas quedó completada a comienzos de agosto de 2026.

El agronegocio también está en la mira

La actividad agrícola representa otro de los grandes frentes que deberá abordar el tribunal. Brasil es el mayor productor mundial de soya y carne de res, productos cuya expansión ha impulsado la frontera agrícola y constituye una de las principales causas de deforestación, particularmente en la Amazonía.

La importancia económica del sector también se refleja en el Congreso, donde el agronegocio cuenta con una influencia considerable. Entre enero y julio de 2026, China, principal socio comercial de Brasil, adquirió 50% de las exportaciones brasileñas de carne de res y 70% de las de soya, de acuerdo con datos oficiales de comercio.

La disputa tiene además una dimensión climática. La Amazonía almacena enormes cantidades de carbono y desempeña un papel fundamental en la regulación del clima y de los patrones de lluvia. La pérdida de cobertura forestal puede liberar ese carbono y contribuir al calentamiento global.

El fin de la moratoria de la soya

El STF también analizará leyes estatales que provocaron el fin de la moratoria de la soya, un acuerdo vigente durante casi dos décadas que restringía el cultivo del grano en zonas de la Amazonía deforestadas después de 2008.

El pacto fue considerado uno de los mecanismos que ayudaron a contener la deforestación mientras Brasil incrementaba su producción agrícola. Sin embargo, en enero de 2026 grandes comercializadoras de granos abandonaron el acuerdo después de que estados productores aprobaran medidas para retirar beneficios fiscales a las empresas participantes.

El juez Flávio Dino suspendió temporalmente esas leyes mediante una medida cautelar y ahora el pleno del STF deberá decidir sobre su validez.

Nueva ley ambiental también llegará al tribunal

Otro frente será la nueva ley de licencias ambientales, vigente desde febrero, que agiliza los permisos para proyectos de gran impacto, incluidos caminos, minas y plantas industriales.

Organizaciones ambientalistas cuestionan particularmente las disposiciones que permiten el autootorgamiento de licencias para proyectos considerados de impacto ambiental moderado. Suely Araújo anticipó que espera que el tribunal invalide las partes que, a juicio de los grupos ambientalistas, contradicen la Constitución.

Con información de AP