El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 y es una figura central del partido Centro Democrático, se convierte así en el primer exmandatario colombiano en ser sentenciado penalmente.

La sentencia fue dictada por la jueza Sandra Heredia, quien le concedió a Uribe el beneficio de prisión domiciliaria mientras se resuelve la apelación interpuesta por su defensa.

Durante el proceso judicial, el exmandatario sostuvo su inocencia y calificó el juicio como una “persecución política”, negando haber manipulado testigos o intentado obstruir la justicia.

Heredia determinó que Uribe instigó a un abogado para ofrecer beneficios penales y dinero a tres exparamilitares con el fin de obtener declaraciones favorables que negaran sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. No obstante, fue absuelto en un caso aparte que lo relacionaba con una exfiscal condenada por corrupción.

Antes de conocer el monto de la pena, Uribe publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que se encontraba preparando su apelación.

La fiscalía había solicitado una pena de nueve años de cárcel, mientras que la defensa del expresidente pidió que continuara en libertad mientras se resolvía el fallo en segunda instancia. Finalmente, la jueza optó por mantenerlo en arresto domiciliario.

Caso de Uribe explotó hace 13 años 

El caso tiene sus orígenes en 2012, cuando el entonces senador de izquierda Iván Cepeda denunció los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares. En respuesta, el expresidente lo demandó por difamación. 

Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

Dos años después, en 2020, el exmandatario estuvo bajo arresto domiciliario por dos meses, pero recuperó su libertad al renunciar al Senado, lo que trasladó su caso de la Corte Suprema a la Fiscalía General, que años después formalizó la acusación en su contra.

La condena ha reavivado las tensiones políticas en Colombia. Mientras sus simpatizantes defienden su legado en materia de seguridad, sus detractores lo acusan de haber permitido graves violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, incluidas ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos".

El proceso continuará en una segunda instancia, donde se decidirá si se ratifica o revoca el fallo.

Con información de AP