El Congreso de Guatemala aprobó una nueva ley integral para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, tras advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre una posible inclusión del país en su lista gris.

Legislación fue avalada con un amplio respaldo

La normativa, aprobada por 147 de los 160 diputados, entrará en vigor tres meses después de su publicación y busca dotar al Estado de mayores herramientas para prevenir, detectar y sancionar operaciones ilícitas vinculadas a delitos como el narcotráfico, el terrorismo de pandillas y la corrupción.

La aprobación llega tras meses de debate y tensiones políticas, marcadas por divisiones dentro de la oposición. El partido VAMOS, del expresidente Alejandro Giammattei, y la agrupación VALOR protagonizaron desacuerdos en torno a la iniciativa, incluso con intentos por debilitarla.

Uno de los actores clave en la resistencia fue el diputado Allan Rodríguez, de VAMOS, quien cabildeó para frenar la ley. Rodríguez fue sancionado en 2022 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de utilizar su posición para otorgar contratos a cambio de sobornos.

Desde el oficialismo, el diputado Samuel Pérez destacó que la nueva normativa no solo permitirá investigar con mayor eficacia este tipo de delitos, sino también prevenirlos. 

“Pero sobre todo, evita que estos crímenes sigan ocurriendo, también evita que se afecte las remesas si hubieran bloqueos a bancos que no combatan estos delitos con estándares internacionales”, afirmó Pérez, quien también señaló que algunos legisladores se oponían debido a presuntos vínculos con actividades ilícitas.

La presión internacional fue un factor determinante

El GAFI, un organismo creado por el G7, ya había advertido que Guatemala podría enfrentar aislamiento financiero si no reforzaba su marco legal. 

En la misma línea, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró recientemente que el lavado de dinero representa una de las mayores amenazas para la seguridad en el hemisferio, al ser una pieza crucial para financiar actividades criminales como el tráfico de drogas y la trata de personas.

Con información de AP