Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos sobre el intento del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar protecciones legales a miles de migrantes haitianos y sirios.

Hasta 1,3 millones de migrantes se verían afectados

El litigio gira en torno al futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que ampara a personas que huyen de conflictos armados o desastres naturales. 

La administración Trump busca revertir fallos de cortes inferiores que bloquearon la cancelación de este beneficio para ciudadanos de Haití y Siria. De prosperar, la medida abriría la puerta a retirar la protección a hasta 1,3 millones de migrantes de 17 países, dejándolos expuestos a una posible deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostiene que tiene plena autoridad para cancelar el TPS sin revisión judicial, argumentando que la ley es clara al limitar la intervención de los tribunales. Sin embargo, abogados de los migrantes —unos 350 mil haitianos y 6 mil sirios— afirman que el gobierno omitió pasos esenciales del proceso legal, por lo que los jueces sí pueden intervenir.

Este caso no es aislado

El máximo tribunal ya ha favorecido previamente al gobierno al permitir la eliminación de protecciones para migrantes venezolanos mientras continúan los litigios, sin detallar los fundamentos de su decisión. En paralelo, la administración ha retirado el TPS a 13 países desde el inicio del segundo mandato de Trump, generando consecuencias inmediatas, como pérdida de empleo, vivienda y estabilidad para miles de familias.

Organizaciones defensoras advierten que el impacto podría ser devastador. En países como Haití y Siria, la violencia y la inestabilidad persisten, lo que hace inviable el retorno para muchos. 

“Esto es realmente una cuestión de vida o muerte”, señaló Sejal Zota, directora legal de Just Futures Law. 

Acusaciones de sesgo racial

Un juez federal consideró que la “hostilidad hacia migrantes no blancos” pudo influir en la decisión de eliminar el TPS para haitianos. No obstante, el gobierno ha rechazado cualquier motivación discriminatoria.

El fallo de la Corte Suprema podría sentar un precedente decisivo, no solo para quienes dependen del TPS, sino también para otros casos migratorios en curso, como las restricciones a la ciudadanía por nacimiento y nuevas políticas de asilo impulsadas por la Casa Blanca.

Con información de AP