Un total de 468 presuntos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) son juzgados de manera colectiva en El Salvador, acusados de haber ordenado más de 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022 en todo el país.

Homicidio, extorsión y más

De acuerdo con el fiscal general, Rodolfo Delgado, estas acciones criminales fueron “ordenadas directamente por ellos y ejecutadas a nivel nacional”, lo que durante años generó “temor y luto” entre la población salvadoreña. 

Entre los delitos que se les imputan destacan

• Homicidio
• Feminicidio
• Extorsión
• Tráfico de armas y 
• Desaparición de personas.

El juicio se desarrolla bajo un esquema inédito permitido por reformas al Código Penal aprobadas en 2023, que permiten agrupar a los acusados según su estructura criminal o territorio. Las audiencias tienen lugar en tribunales especializados contra el crimen organizado.

413 ya se encuentran en el CECOT

De los imputados, 413 ya se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la megacárcel de alta seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas.

El proceso también incluye órdenes de captura contra otros presuntos implicados que están siendo juzgados en ausencia. Todo esto ocurre bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida que ha permitido la suspensión de ciertos derechos fundamentales, como el acceso inmediato a un abogado o el conocimiento de los motivos de detención. 

Además, amplía los plazos de detención sin audiencia y permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial.

No es el primer juicio colectivo en El Salvador

En marzo de 2025, un tribunal condenó a 52 miembros de la pandilla Barrio 18, mientras que en noviembre del año anterior, 45 pandilleros fueron declarados culpables, incluyendo un cabecilla sentenciado a 397 años de prisión.

Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades aseguran haber detenido a más de 91 mil personas vinculadas a pandillas. Según el gobierno, unas 8 mil han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han reportado más de 6 mil denuncias por abusos y documentan al menos 488 muertes de detenidos bajo custodia estatal.

Con información de AP