El gobierno de Donald Trump impuso nuevas sanciones económicas contra empresas estatales de minería, metales y construcción en Cuba, aumentando la presión política tras detectar redes subversivas en Estados Unidos.

Las medidas implementadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos se dirigen a sectores clave de la economía de la isla, así como a la dirigencia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

De acuerdo con el reporte del secretario de Estado, Marco Rubio, el ICAP patrocina “una vasta red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses.

Rubio señaló que la administración no permitirá que una potencia extranjera busque explotar las libertades estadounidenses exportando marxismo y violencia comunista.

Empresas y dirigentes sancionados

Entre las entidades y funcionarios alcanzados por las sanciones destacan:

• Fernando González Llort, presidente del ICAP y exagente de inteligencia arrestado en 1998.
• Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta del ICAP.
• Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica del ICAP.
• Una empresa de producción de níquel, dos firmas de importación de productos industriales pesados y una de recursos minerales.
• El Ministerio de la Construcción de Cuba, una entidad proveedora de trabajadores a firmas extranjeras y dos importadoras de vehículos y autopartes.

Detenciones en el aeropuerto de Miami

Las restricciones se anunciaron tras una operación en el aeropuerto de Miami durante el fin de semana. Según informaron funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, varios ciudadanos que regresaban de participar en eventos por el centenario de Fidel Castro fueron retenidos brevemente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante la revisión, los agentes incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas electrónicas para su inspección. Las autoridades recordaron que cualquier viajero liberado podría enfrentar procesos judiciales si violó la ley al realizar transacciones con entidades gubernamentales cubanas.

Respuesta de la Cancillería cubana

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las acciones a través de su cuenta en la red social X. El canciller afirmó que Estados Unidos persigue el

“propósito deliberado de afectar nuestra economía e impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población”.

Asimismo, defendió al ICAP indicando que la institución ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz por más de seis décadas.

Crisis energética e impacto económico

El endurecimiento de las normas prohíbe severamente a los estadounidenses realizar negocios o consumir en tiendas, hoteles y restaurantes vinculados al Estado cubano. Estas sanciones se suman al bloqueo petrolero impuesto tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, país que suministraba combustible gratuito a la isla. La falta de combustible ha provocado apagones generalizados, la paralización del transporte público y un desplome en el turismo local.

(Con información de The Associated Press)