El gobierno estadounidense impuso nuevas y amplias sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de su campaña para desmantelar el tribunal, al que acusa de actuar contra Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

Las medidas restringen el acceso de la institución a servicios financieros, empresas tecnológicas y operaciones en dólares, lo que amenaza con dificultar su funcionamiento y provocó el rechazo de gobiernos aliados de Washington.

Marco Rubio confirma la severidad de las sanciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones y advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump mantendrá la presión hasta impedir que la CPI actúe contra ciudadanos estadounidenses. 

“Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortándoles los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros”, declaró en un video difundido en redes sociales. “Estados Unidos y el pueblo estadounidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI”.

Las medidas establecen un plazo de seis meses para que las empresas y las personas que operan en territorio estadounidense y mantienen negocios con la CPI reduzcan y pongan fin a esas actividades. Las restricciones alcanzan servicios financieros y tecnológicos, además del uso del dólar, lo que podría complicar las operaciones cotidianas de la institución con sede en La Haya, Países Bajos.

Rubio también instó a los aliados de Washington a sumarse a la ofensiva contra el tribunal. 

“Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, pieza por pieza, hasta que los estadounidenses ya no estén amenazados”, advirtió.

La CPI denuncia un ataque al Estado de derecho

En respuesta, la CPI rechazó las sanciones al considerar que representan un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos del orden internacional y, a través de un comunicado, afirmó que las medidas buscan obstaculizar la justicia e impedir que cumpla con el mandato para el que fue creada.

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, ciudadana japonesa, defendió la labor del tribunal y advirtió que la disputa va más allá de la supervivencia de una institución.

“Esto no se trata sólo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho”, declaró.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también condenó la decisión estadounidense. 

“La rendición de cuentas por crímenes internacionales y la impartición de justicia a las víctimas son centrales para nuestro compromiso global con la paz, la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales”, expresó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general António Guterres.

Aliados de Estados Unidos rechazan las sanciones

La decisión de Washington recibió una respuesta negativa de varios de sus aliados, que defendieron la independencia de la CPI y se comprometieron a respaldar sus actividades.

Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron conjuntamente su rechazo a las medidas estadounidenses.

“En nuestro papel de firmes partidarios de la CPI, lamentamos y discrepamos enérgicamente con el anuncio de sanciones que Estados Unidos impondrá a la corte”, señalaron las ocho naciones.

En la misma declaración, afirmaron que continuarán trabajando para apoyar la labor del tribunal, defender el sistema internacional basado en normas y promover la rendición de cuentas. Siete de los firmantes pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras que Japón mantiene un tratado de alianza con Washington.

Con información de AP