Las autoridades migratorias federales de Estados Unidos planean un aumento histórico de su infraestructura de detención, con una inversión estimada en 38.300 millones de dólares para elevar la capacidad nacional a 92 mil 600 camas.

De acuerdo con un documento oficial difundido el viernes, la expansión incluye la compra discreta de almacenes que serían reconvertidos en centros de detención y procesamiento por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El documento fue publicado en internet por la gobernadora republicana de Nueva Hampshire, Kelly Ayotte, en medio de la creciente tensión por los planes del ICE de transformar un almacén en la localidad de Merrimack en un centro de procesamiento con 500 camas.

CENTROS REGIONALES Y MEGACENTROS DE DETENCIÓN

Según el texto, el ICE proyecta 16 centros regionales de procesamiento con una población de entre 1.000 y 1.500 personas detenidas, cuyas estancias promedio oscilarían entre tres y siete días. A ello se sumarían ocho centros de detención a gran escala, con capacidad para 7 mil a 10 mil detenidos, con periodos promedio inferiores a 60 días.

El plan también contempla la adquisición de 10 instalaciones “llave en mano” ya existentes. Todas las instalaciones estarían operativas para noviembre, como parte de una expansión total de 45 mil millones de dólares financiada por la reciente ley de recortes de impuestos promulgada por el presidente Donald Trump.

DETENCIONES EN AUMENTO Y COMPRAS DISCRETAS

A mediados de enero, el ICE mantenía bajo custodia a más de 75 mil inmigrantes, casi el doble de los 40 mil registrados cuando Trump asumió el cargo un año antes, según datos federales publicados la semana pasada.

El documento hace referencia a “instalaciones no tradicionales” y se da a conocer tras revelarse que el ICE ha comprado discretamente al menos siete almacenes en las últimas semanas —algunos de más de 92 mil 900 metros cuadrados— ubicados en Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas. En otros seis casos, las adquisiciones se frustraron cuando los propietarios desistieron de vender ante la presión de activistas, aunque nuevos acuerdos en lugares como Nueva York estarían próximos a cerrarse.

CHOQUE POLÍTICO Y CRÍTICAS AL PROCESO

Las tensiones se intensificaron luego de que el director interino del ICE, Todd Lyons, declarara ante el Congreso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había trabajado con la gobernadora Ayotte y le había entregado un resumen del impacto económico del proyecto.

Ayotte rechazó esa versión y aseguró que el informe fue enviado horas después del testimonio de Lyons. Además, criticó que el documento mencione erróneamente efectos económicos en Oklahoma, así como ingresos por impuestos estatales sobre ventas y renta, gravámenes que no existen en Nueva Hampshire.

“Los comentarios del director Lyons son otro ejemplo del preocupante patrón de problemas con este proceso”, afirmó la gobernadora. “El Departamento de Seguridad Nacional sigue sin proporcionar detalles claros sobre sus planes para Merrimack”.

El DHS no respondió a las preguntas sobre las declaraciones de Ayotte ni sobre el nuevo documento, aunque previamente confirmó que busca más espacio de detención. En un comunicado, la dependencia objetó que se les llame “almacenes” a los inmuebles, y sostuvo que se trataría de “instalaciones de detención bien estructuradas que cumplen con nuestros estándares regulares”.

La expansión, una de las mayores en la historia reciente del sistema migratorio estadounidense, abre un nuevo frente de debate político y social sobre el alcance, la transparencia y el impacto local de la política de detención migratoria en Estados Unidos.

Con información de AP