Durante el aniversario de la Independencia de México, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un documento exigiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum juzgar a funcionarios corruptos que ayudan a los cárteles del narcotráfico.

Qué exige Estados Unidos a México para combatir a los cárteles

El informe del Departamento de Estado, remitido al Congreso estadounidense, señala que la inversión actual en seguridad en México resulta insuficiente para desmantelar a las organizaciones criminales.

Insuficiencia operativa: Las fuerzas de seguridad mexicanas requieren mayor presupuesto para combatir redes delictivas y finanzas ilícitas.

Combate a la corrupción: Se demanda desenmascarar, detener y procesar legalmente a servidores públicos que colaboran con los cárteles.

Postura soberana: Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante el desfile cívico-militar: “Siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie” y agregó que “México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

Festejos patrios y violencia en los estados

A la par de la postura emitida por Washington, las festividades por el inicio de la Independencia —movimiento iniciado en 1810 y culminado en 1821— se desarrollaron entre discursos oficiales y operativos de seguridad.

En la ceremonia del Grito, la mandataria lanzó vivas ante miles de personas en el Zócalo capitalino, recordando a pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes.

Sin embargo, la violencia impactó las celebraciones en diversas regiones:

• Cancelaciones: Municipios de Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León suspendieron los eventos masivos previstos para los festejos patrios.
• Retorno de fiestas en Sinaloa: Tras dos años de suspensiones por enfrentamientos internos entre facciones del Cártel de Sinaloa (“Los Chapitos” y seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada), se retomaron los actos públicos en Culiacán.
• Mando estatal: Los festejos en la capital sinaloense estuvieron a cargo de la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, quien asumió el cargo tras la licencia de Rubén Rocha, señalado por EE. UU. por cargos de narcotráfico. El gobierno federal sostiene que no existen pruebas suficientes para la extradición solicitada por Washington.

Para contener la ola de violencia que dejó cerca de 70 homicidios en dos semanas, el gobierno federal envió más de 1,800 militares y policías al municipio de Mazatlán. Con este despliegue, el estado de Sinaloa suma casi 20,000 elementos de seguridad dedicados a resguardar a la población durante la jornada festiva.