El Departamento de Justicia estadounidense ha sido demandado por el estado de Nuevo México, por presuntamente entorpecer la investigación estatal sobre los delitos sexuales de Jeffrey Epstein en una propiedad ubicada en ese territorio.

Nuevo México acusa al gobierno de EU de bloquear su investigación sobre Jeffrey Epstein

La demanda, que incluye al secretario interino, Todd Blanche y que fue presentada ante un tribunal federal en Washington D.C., sostiene que el gobierno federal puso obstáculos a la pesquisa encabezada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, al negar información y materiales relevantes sobre Epstein y otras personas vinculadas con su red. 

El estado afirma que estas acciones “perjudican activamente a las víctimas y socavan el interés público”.

La acción judicial busca que un juez obligue al Departamento de Justicia a entregar documentación que los investigadores estatales consideran necesaria. Según la demanda, la oficina de Torrez y sus principales fiscales enfrentaron una “resistencia sostenida” para obtener información que anteriormente era compartida entre autoridades estatales y federales.

Obstáculos y más obstáculos

Torrez aseguró que su oficina realizó 10 solicitudes separadas de información, pero todas fueron ignoradas o rechazadas. 

“Hemos escuchado repetidamente que cooperarán y lo que nuestro equipo ha experimentado es todo menos cooperación”, declaró durante una videoconferencia con periodistas.

El fiscal general también señaló directamente a Blanche y afirmó que el funcionario podría permitir el acceso a la información con una decisión administrativa, pero optó por bloquearla. 

“Han decidido bloquear, obstruir y, francamente, ocultar por la razón que sea”, sostuvo.

El Departamento de Justicia defiende sus restricciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó las acusaciones y explicó que no entregó la información solicitada debido a que órdenes de tribunales federales restringen la divulgación de datos que puedan identificar a las víctimas.

La dependencia aseguró que la protección de la privacidad de las víctimas continúa como una de sus principales prioridades y sostuvo que está dispuesta a colaborar con la investigación de Nuevo México siempre que el intercambio de información cumpla con la legislación y las órdenes judiciales vigentes.

La demanda, sin embargo, argumenta que las autoridades federales están ocultando información sobre Epstein y sus cómplices pese a que Nuevo México podría ser una de las pocas jurisdicciones con capacidad para avanzar en investigaciones que permitan ofrecer justicia a los sobrevivientes.

La investigación apunta a la antigua propiedad de Epstein

La demanda se presentó el mismo día en que Nuevo México difundió los hallazgos preliminares de su propia investigación sobre Epstein y la propiedad que tenía en el estado.

Epstein adquirió en 1993 una finca en Stanley, una comunidad ganadera ubicada a unos 48 kilómetros al sur de Santa Fe. En el terreno construyó una extensa mansión, además de una pista de aterrizaje privada y un helipuerto.

Durante el juicio contra Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora de Epstein, algunos testimonios señalaron que ambos abusaron sexualmente de mujeres en propiedades del empresario, incluida la ubicada en Nuevo México. La propiedad de Nuevo México fue vendida por el patrimonio de Epstein en 2023 a la familia de Don Huffines, político republicano que recientemente fue nombrado contralor estatal de Texas.

Posteriormente, la familia anunció que el lugar sería rebautizado como San Rafael Ranch y que planeaba construir allí un retiro cristiano.

Con información de AP