Un grupo de monjas españolas de la localidad de Belorado, Burgos; podrían pasar 12 años en prisión por delitos de coacciones, trato denigrante y maltrato hacia sus compañeras de mayor edad.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao dirige el proceso judicial contra las siete religiosas que lideraron la ruptura con la Iglesia católica en mayo de 2024. Tras publicar el denominado "Manifiesto Católico", donde rechazaron la autoridad del Papa, el grupo se trasladó a un monasterio en Orduña, Vizcaya.

Según el auto judicial, las investigadas aprovecharon la "vulnerabilidad" y el deterioro cognitivo de cinco religiosas mayores para manipularlas y sumarlas a su causa.

Las víctimas, con edades comprendidas entre los 87 y 101 años, sufrían diversos estados de salud, incluyendo deterioro cognitivo severo y afectaciones tras sufrir ictus.

El reporte pericial detalla condiciones insalubres dentro del monasterio durante el periodo en que las investigadas ejercieron el control sobre las ancianas. Los hallazgos incluyen:

Higiene: Falta de limpieza extendida por las instalaciones.

Alimentación: Cocinas en condiciones inadecuadas y comida en estado de conservación dudoso.

Trato: Humillaciones, castigos y amenazas de represalias hacia las religiosas que se oponían a la nueva línea de mando.

La jueza instructora sostiene que hubo un "incumplimiento del deber de cuidado" y un consentimiento viciado por parte de las víctimas, quienes aceptaron la situación por temor a las consecuencias de abandonar el convento.

Delitos contra el patrimonio y defensa

Además de los cargos por coacciones y vejaciones, las exreligiosas enfrentan acusaciones por delitos contra el patrimonio. Estas se derivan de intentos de venta de bienes eclesiásticos ligados al monasterio, situación que provocó previamente la detención de un anticuario y de la exabadesa de Belorado.

Por su parte, el equipo de comunicación de las exclarisas ha rechazado las acusaciones mediante un comunicado oficial. "Seguimos considerándonos plenamente inocentes", afirman, calificando el proceso judicial como una "caza de brujas" y una "persecución por haber desafiado a la autoridad eclesiástica".

Monjas de Belorado rechazaron al Papa 

El cisma se originó en la primavera de 2024, tras el conflicto con el Arzobispado de Burgos respecto a la adquisición de un convento en Orduña. En aquel momento, la congregación estaba integrada por 16 monjas, de las cuales siete han resultado procesadas.

Las investigadas buscaron amparo en la Pía Unión del Apóstol San Pablo, una entidad coordinada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, quien fue excomulgado en 2019 y es señalado por la Iglesia católica como líder de una secta. Tras diversos recursos legales y el desahucio definitivo del inmueble en Burgos, el caso se mantiene activo en los tribunales españoles.