Dos organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, por sanciones impuestas contra la Corte Penal Internacional (CPI).

Los demandantes consideran que las penalizaciones que enfrenta la CPI restringen de forma ilegal su labor de defensa de los derechos de los palestinos y vulneran la libertad de expresión en Estados Unidos.

Grupos de derechos humanos se lanzan contra Donald Trump

Las organizaciones DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide interpusieron el recurso ante un tribunal federal de Manhattan para impugnar la orden ejecutiva emitida por Trump, la cual sanciona a la CPI por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.

Además de penalizar al tribunal, la medida prohíbe prestar o recibir servicios de personas o entidades sancionadas.

Según la demanda, las restricciones obligaron a ambas organizaciones a modificar su trabajo para evitar posibles represalias. Entre las acciones que aseguran haber suspendido figuran:

• La elaboración de informes para la CPI

• El intercambio de pruebas y análisis jurídicos con organizaciones palestinas sancionadas

• La colaboración con la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, también sancionada por Washington.

Omar Shakir afirmó que la administración Trump utiliza las sanciones económicas para “vigilar las expresiones políticas” de los ciudadanos estadounidenses y sostuvo que las medidas buscan proteger a funcionarios israelíes frente a las investigaciones internacionales.

“El gobierno de Trump está utilizando el instrumento tosco de las sanciones económicas no solo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino para vigilar las expresiones políticas de millones de estadounidenses”, señaló Shakir.

“El gobierno está violando los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para proteger a funcionarios de un gobierno extranjero que han cometido un genocidio”.

Órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

La controversia surgió después de que la CPI emitiera en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra relacionados con la ofensiva en Gaza. 

Tanto Israel como Estados Unidos rechazan la jurisdicción del tribunal y no forman parte de sus Estados miembros.

La demanda también responde a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien prometió endurecer la campaña contra la CPI e incluso planteó nuevas sanciones, restricciones de viaje y un mayor escrutinio sobre los países que reconozcan la autoridad del tribunal. 

“Que la CPI interfiera en las operaciones militares y policiales de Estados Unidos no es sólo un grave exceso de sus supuestas atribuciones”, declaró Rubio. “Significaría la muerte de Estados Unidos como nación soberana e independiente”. 

Mientras el litigio avanza, las organizaciones demandantes sostienen que las medidas generan un efecto de autocensura que limita su capacidad para documentar y denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos.

Con información de AP