Japón discutirá un proyecto de ley para reformar la Ley de la Casa Imperial, buscando garantizar la continuidad de la familia mediante adopciones masculinas y el estatus permanente de las mujeres tras que contraigan matrimonio.

El gobierno de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, presentó esta iniciativa ante el Gabinete con la intención de que sea aprobada por la Dieta antes del 17 de julio. De concretarse, representaría la modificación más importante a la normativa vigente desde 1947.

El proyecto, que busca hacer frente a la reducción de miembros de la familia imperial, introduce cambios estructurales en el orden sucesorio y en la condición de sus integrantes:

Adopciones: Se permitirá integrar a varones descendientes por línea paterna de las once antiguas ramas de la familia imperial. Los candidatos deben ser mayores de 15 años y sin descendencia propia.

Derechos sucesorios: Aunque los adoptados no obtendrán derechos al trono, sus hijos varones sí podrán acceder a la sucesión al Trono del Crisantemo bajo linaje biológico.

Estatus femenino: Se elimina la norma que obliga a las mujeres a abandonar la familia imperial al contraer matrimonio, permitiéndoles conservar su condición de miembros.

Revisión periódica: Se contempla una evaluación de la ley cada 30 años para ajustar las medidas según el número de integrantes de la familia.

Aunque el Gobierno buscaba un ambiente de consenso, la propuesta ha generado fricciones con la oposición. Diversos partidos han cuestionado la inclusión de derechos sucesorios para los hijos de miembros adoptados, argumentando que este punto no fue discutido previamente en las mesas de trabajo ni en los grupos de expertos convocados para analizar la sucesión estable.

El artículo 9, que prohibía las adopciones, será modificado, y se añadirá un nuevo capítulo dedicado a la figura del "varón de la familia imperial por adopción".

Además, se realizarán ajustes en la Ley del Registro Básico de Residentes para cubrir la nueva situación de las mujeres de la familia imperial, incluyendo una cláusula transitoria que permite la renuncia voluntaria a su estatus.

Actualmente, la aprobación del proyecto enfrenta un clima político menos favorable del que inicialmente proyectaba la coalición gobernante.

(Con información de Nippon)