Hoy, Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú con dos grandes desafíos: recuperar la estabilidad política tras una década marcada por crisis y cambios de gobierno, y contener una ola de criminalidad que golpea a todo el país.

Fujimori enfrenta dos retos tras asumir la presidencia

La conservadora de 51 años llega al Palacio de Gobierno más de un cuarto de siglo después de haber vivido allí como primera dama, luego del divorcio de sus padres en 1994. Es hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien falleció en 2024 después de pasar 16 años en prisión por delitos de corrupción y asesinato.

Fujimori alcanzó finalmente la Presidencia en su cuarto intento, tras imponerse en junio en un reñido balotaje al progresista Roberto Sánchez. Los votos del extranjero resultaron decisivos para definir la elección y abrirle las puertas del poder.

El crimen organizado, su principal desafío

Uno de los mayores retos para la nueva mandataria será combatir al crimen organizado, particularmente las extorsiones, un delito que se expandió por casi todo Perú durante los últimos años. Las cifras oficiales muestran que las denuncias por extorsión pasaron de 2 mil 421 en 2019 a 26 mil 734 en 2025. El delito afecta especialmente a miles de pequeños negocios, cuyos propietarios reciben amenazas de ataques con explosivos o incendios si se niegan a pagar las cantidades exigidas por grupos criminales.

El sector transporte también sufrió las consecuencias. En 2025, las extorsiones cobraron la vida de 239 transportistas, principalmente mototaxistas que trabajan en las zonas más pobres del país.

Durante la campaña, Fujimori prometió combatir la delincuencia con “mano dura” y tomó como referencia el modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Entre sus propuestas planteó construir una prisión similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador y establecer jueces con el rostro cubierto, una medida que también se aplicó durante el gobierno de su padre.

Oposición pide derogar leyes que favorecen al crimen

El nuevo gobierno también enfrentará presión desde el Congreso y otros sectores de la oposición, que solicitaron a Fujimori derogar un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Parlamento, dirigido por el fujimorismo.

Expertos consideran que esas normas debilitaron las herramientas del Estado para combatir al crimen organizado. Entre otras medidas, eliminan la detención preventiva en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes pertenecientes a organizaciones delictivas y dificultan mecanismos como la colaboración eficaz y los allanamientos.

La oposición también pidió crear una comisión para investigar la muerte de 50 civiles a manos de la fuerza pública durante las protestas de 2022 y 2023, movilizaciones que exigían nuevas elecciones después de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Con información de AP