Los legisladores de Nicaragua confirmaron que se atenderá la propuesta del presidente Daniel Ortega para abolir las elecciones. La decisión, anunciada por la Asamblea Nacional, desató duras críticas internacionales por la cancelación de la democracia.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control estricto de Daniel Ortega y de su esposa y copresidenta Rosario Murillo, notificó en un comunicado oficial que dará trámite a la reformulación constitucional. El órgano legislativo argumentó que la enmienda busca asegurar la paz, la seguridad y la estabilidad de la nación centroamericana.

Esta medida formaliza las palabras pronunciadas por Ortega durante el aniversario de la Revolución Sandinista. El mandatario aseveró que no se volverán a celebrar elecciones en Nicaragua, frenando de facto los comicios presidenciales proyectados para noviembre de 2027.

La medida consolida una permanencia en el poder que se extiende por cerca de dos décadas y bloquea toda posibilidad de alternancia política a la oposición.

Condena de la comunidad internacional

Las reacciones al anuncio del régimen nicaragüense no se hicieron esperar por parte de organismos de derechos humanos y diplomáticos:

• Organización de las Naciones Unidas (ONU): Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos, declaró que todas las personas deben tener el derecho de votar y postularse. Asimismo, advirtió sobre la erosión del Estado de derecho.
• Estados Unidos: Marco Rubio, secretario de Estado, aseveró que la acción deja al descubierto la naturaleza autoritaria del régimen de Ortega y Murillo, e instó a la comunidad internacional a coordinar esfuerzos para presionar a Managua.
• Respuesta oficial de Nicaragua: Ante los señalamientos externos, el gobierno nicaragüense declinó emitir comentarios de fondo y se limitó a responder con un breve enunciado: "Gracias por su interés".

Antecedentes de la crisis en Nicaragua

El desmantelamiento del sistema democrático en la nación centroamericana se aceleró tras la represión de las protestas ciudadanas de 2018. Desde ese momento, el Ejecutivo inició una persecución sistemática que incluyó las siguientes acciones:

• Encarcelamiento de líderes políticos de oposición y figuras religiosas.
• Clausura de miles de organizaciones civiles de la sociedad.
• Modificaciones continuas a la Constitución a través del Parlamento para concentrar las facultades en la figura presidencial.
• Ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años aprobada en enero de 2025.

A pesar de los cuestionamientos del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y de la imposición de sanciones a funcionarios nicaragüenses, la administración en Washington ha implementado pocas medidas contra el régimen de Managua.

(Con información de The Associated Press)