Tras la aprobación y promulgación de una nueva Ley de Amnistía en Venezuela, las autoridades han recibido 379 solicitudes para acogerse a sus beneficios, con excarcelaciones en marcha desde la noche del viernes hasta este sábado.

LEY DE AMNISTÍA EN VENEZUELA

La normativa fue aprobada por unanimidad el jueves por la Asamblea Nacional y convertida en ley por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un intento por encaminar al país hacia la reconciliación política después de décadas de confrontaciones entre el gobierno y sectores opositores.

¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE?

La ley abre la puerta a la liberación de dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas detenidos durante años por motivos políticos.

Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, explicó que las solicitudes ya fueron presentadas ante los tribunales competentes y que las excarcelaciones se concretarían entre la noche del viernes y este sábado.

Organizaciones civiles como Foro Penal, que monitorean la situación de los presos políticos, informaron que solo en el estado de Barinas ya se habían registrado las primeras liberaciones y que el proceso de verificación sigue en marcha. Hasta ahora, la organización civil Justicia, Encuentro y Perdón ha contabilizado 459 excarcelaciones de detenidos por motivos políticos entre el 8 de enero y el 20 de febrero, antes incluso de la entrada en vigor de la nueva ley.

CRÍTICAS Y CONTROVERSIAS

La ley excluye explícitamente a personas condenadas por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar, lo que ha generado críticas de organismos defensores de derechos humanos y líderes opositores.

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, calificó la exclusión de militares y perseguidos políticos como “discriminatoria e inconstitucional”, y señaló que sin ampliar el alcance de la amnistía “no puede hablarse de convivencia nacional”.

Desde el oficialismo, Delcy Rodríguez ha defendido la ley como una herramienta para impulsar el diálogo y “sanar las heridas” de años de confrontación política en el país sudamericano.

No obstante, entidades internacionales como la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos observan con cautela la aplicación de la normativa y su impacto real sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.

Con información de AP