El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alertó sobre un deterioro en la situación de derechos humanos en Ecuador, tras detectar un incremento en las denuncias de desapariciones forzadas. 

El organismo advirtió que estos casos se estarían registrando en el marco de los estados de excepción implementados por el gobierno como parte de su estrategia para enfrentar la inseguridad.

En un informe difundido esta semana, el organismo internacional señaló que existen reportes de “al menos 51 víctimas, incluidos niños”, presuntamente desaparecidas durante operativos militares y policiales entre 2024 y 2025. Según el documento, estas acciones habrían sido cometidas por agencias de seguridad del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas.

CONFLICTO ARMADO EN ECUADOR 

La preocupación surge en medio de la estrategia impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 declaró al país en conflicto armado interno tras una escalada de violencia atribuida a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Desde entonces, el gobierno ha recurrido de manera reiterada a estados de excepción, permitiendo la participación de militares en tareas de seguridad pública, tanto en las calles como en las cárceles.

El Comité declaró que esta práctica debe ser limitada y pidió que la intervención de las Fuerzas Armadas sea “extraordinaria, temporal” y esté sujeta a controles civiles efectivos y mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, exhortó al Ministerio de Defensa de Ecuador a colaborar plenamente en las investigaciones, facilitando el acceso rápido a documentación relevante sobre personas desaparecidas.

SIN RESPUESTA DEL GOBIERNO DE DANIEL NOBOA

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha emitido una postura oficial sobre el informe. En contraste, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) celebró la publicación del documento al considerar que evidencia “graves vulneraciones a los derechos humanos” en el país, además de denunciar un contexto de impunidad.

La organización también destacó la reciente condena contra 16 militares por su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro menores, un caso que además de conmocionar a la sociedad ecuatoriana, reavivó el debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen.

Con información de AP