La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles más amplios impuestos por el presidente Donald Trump supone un revés inesperado para la Casa Blanca, pero está lejos de poner fin al torbellino que envuelve la política comercial estadounidense.

El fallo impide que el mandatario continúe aplicando gravámenes generalizados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Sin embargo, la incertidumbre persiste. Empresas, importadores y socios comerciales enfrentan ahora un escenario aún más complejo.

“Para todos, esto no ha hecho más que complicarse”, advirtió el abogado especializado en comercio Ryan Majerus, exfuncionario comercial y socio de King & Spalding.

NUEVAS VÍAS PARA RECONSTRUIR EL MURO ARANCELARIO

Aunque la Corte cerró la puerta a los aranceles basados en la IEEPA, Trump reaccionó casi de inmediato y anunció que recurriría a otra autoridad legal para imponer un gravamen del 10% a las importaciones; al día siguiente lo elevó al 15%.

La herramienta elegida es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar aranceles de hasta 15% por un máximo de 150 días. No obstante, cualquier extensión requeriría la aprobación del Congreso.

Críticos como Bryan Riley, de National Taxpayers Union, sostienen que la Sección 122, la cual nunca ha sido utilizada, fue concebida para atender crisis de pagos internacionales —cuando el dólar estaba vinculado al oro en las décadas de 1960 y 1970— y no para combatir déficits comerciales estructurales. En ese sentido, argumentan que la disposición estaría “obsoleta en la práctica”.

Para el abogado Dave Townsend, socio de Dorsey & Whitney, no sería extraño que surja una nueva ola de litigios si la administración intenta sostener aranceles bajo esta vía. Las empresas podrían volver a tribunales en busca de reembolsos.

Otra alternativa más sólida es la Sección 301 de la misma ley, que permite sancionar prácticas comerciales “injustificables” o “discriminatorias”. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó que ya se han iniciado investigaciones bajo esta disposición.

Trump utilizó la Sección 301 en su primer mandato para imponer aranceles a China en medio de la disputa tecnológica con Beijing. Esos gravámenes fueron ratificados por tribunales y mantenidos por la administración de Joe Biden, lo que demuestra su resistencia legal. “Han pasado ocho años y esos aranceles a China siguen aquí”, recordó Majerus. “Son aranceles persistentes”.

ACUERDOS EN EL LIMBO

El fallo judicial también sacude los acuerdos comerciales alcanzados el año pasado bajo la amenaza de aranceles ilimitados. Socios como la Unión Europea y Japón aceptaron concesiones ante la presión de posibles gravámenes. Ahora la pregunta es si esos compromisos seguirán vigentes.

En Bruselas, legisladores europeos retrasaron la ratificación del pacto con Washington mientras buscan claridad. Temen que el nuevo arancel global del 15% se sume a los gravámenes de “nación más favorecida” bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, elevando la carga por encima de lo acordado.

“Un acuerdo es un acuerdo”, afirmó el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, quien pidió a Washington definir con claridad el camino a seguir.

El Reino Unido, que pactó un arancel del 10% para sus exportaciones, también observa con cautela si la nueva tasa del 15% alterará lo firmado. 

Aun así, analistas consideran poco probable que los socios comerciales rompan sus compromisos, ya que Estados Unidos podría responder con sanciones bajo la Sección 301, potencialmente ilimitadas.

“Van a ser bastante reacios a agitar las aguas”, sostuvo Majerus.

REEMBOLSOS: EL GRAN INTERROGANTE

Uno de los puntos más espinosos es qué ocurrirá con los 133.000 millones de dólares recaudados hasta diciembre bajo los aranceles ahora anulados. La Corte dejó el asunto en manos de tribunales inferiores y de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Cientos de empresas ya preparan reclamaciones, y el proceso podría extenderse durante meses o incluso años.

Analistas del banco de inversión Macquarie advierten que el Congreso podría ordenar un sistema simplificado de devolución. De lo contrario, el gobierno podría exigir trámites complejos o incluso litigios individuales, elevando los costos para las compañías.

En teoría, la eliminación de aranceles debería ofrecer un leve impulso económico. Sin embargo, economistas como Mike Skordeles, de Truist, advierten que cualquier beneficio quedará eclipsado por la persistente incertidumbre.

El fallo de la Corte Suprema limita una herramienta clave de Trump, pero no reduce el clima de volatilidad. La política comercial de Estados Unidos entra en una nueva fase: menos improvisación bajo la IEEPA, pero más litigios, más maniobras legales y, sobre todo, más dudas para empresas y aliados.

Con información de AP