Hoy, Corea del Sur puso en vigor una controvertida ley para combatir las llamadas “noticias falsas”, una medida que endurece las sanciones contra medios de comunicación, creadores de contenido y plataformas digitales que difundan información falsa o manipulada. 

Aunque el gobierno sostiene que la legislación busca frenar la desinformación y proteger la democracia, organizaciones de periodistas y defensores de las libertades civiles advierten que podría limitar la libertad de expresión y desalentar el escrutinio al poder.

Corea del Sur aplica controvertida ley contra las noticias falsas

La nueva norma permite que los tribunales ordenen indemnizaciones de hasta cinco veces los daños comprobados contra medios de comunicación y grandes canales de redes sociales, incluidos creadores de YouTube, cuando publiquen información ilegal, falsa o manipulada con la intención de causar daño o obtener beneficios. 

Además, quienes reincidan en difundir contenido que un tribunal haya declarado falso podrán enfrentar multas de hasta 1.000 millones de wones (unos 656 mil dólares), mientras que las plataformas con más de un millón de usuarios diarios deberán retirar publicaciones o suspender cuentas tras recibir denuncias.

La legislación fue impulsada por el partido del presidente Lee Jae Myung, que argumenta que la proliferación de desinformación representa una amenaza creciente para la democracia al fomentar la polarización y el discurso de odio. Su aprobación ocurrió en diciembre de 2025, pese al boicot de la oposición conservadora.

Periodistas advierten que la ley podría limitar la libertad de expresión

La Asociación de Periodistas de Corea advirtió que la posibilidad de enfrentar demandas millonarias podría generar un “efecto disuasorio” sobre la labor periodística. El organismo sostuvo que, aunque el objetivo de combatir la desinformación es legítimo, una aplicación amplia de la ley podría desalentar tanto a los medios como a los ciudadanos de cuestionar libremente a funcionarios, políticos y grandes empresas.

Las preocupaciones también alcanzan a las plataformas digitales. Especialistas consideran que las compañías de internet podrían optar por moderar contenidos de forma excesiva para evitar responsabilidades legales, eliminando publicaciones legítimas y favoreciendo la autocensura. 

Aunque la Comisión de Medios y Comunicaciones de Corea aseguró que serán los operadores privados —y no el gobierno— quienes determinen qué contenido infringe la norma, persisten dudas sobre cómo cumplirán plataformas extranjeras como YouTube.

El debate en torno a la ley se intensificó tras la crisis política provocada por el expresidente Yoon Suk Yeol, quien difundió afirmaciones infundadas sobre fraude electoral después de imponer brevemente la ley marcial en 2024. 

Para el gobierno, ese episodio evidenció el impacto de la desinformación en la vida pública; para los críticos, la nueva legislación corre el riesgo de convertirse en una herramienta que limite el libre flujo de información y el debate democrático.

Con información de AP