El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil suspendió la aplicación de la ley que permitía reducir la condena del ex presidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una sentencia de 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022.

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien ordenó detener temporalmente la entrada en vigor de la norma hasta que el máximo tribunal brasileño analice las impugnaciones legales presentadas sobre su constitucionalidad.

De acuerdo con un documento citado por la AFP, el juez argumentó que la suspensión busca preservar la “seguridad jurídica” mientras el pleno de la Corte estudia el caso.

Ley buscaba reducir penas por tentativa de golpe de Estado

La legislación había sido aprobada por el Parlamento brasileño en diciembre pasado y contemplaba reducir el tiempo necesario para acceder a beneficios de disminución de condenas en casos relacionados con tentativa de golpe de Estado.

Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó inicialmente la propuesta, los legisladores anularon ese veto a finales de abril, permitiendo que la ley entrara oficialmente en vigor el viernes.

La norma beneficiaría no sólo a Bolsonaro, sino también a otros condenados por los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del ex mandatario invadieron y vandalizaron edificios gubernamentales en Brasilia pocos días después de la toma de posesión de Lula.

Según la Corte Suprema, aquellos hechos formaron parte de un supuesto complot golpista impulsado por sectores cercanos al ex presidente.

Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud. Sin embargo, su equipo legal continúa impulsando recursos para revertir la sentencia.

El pasado viernes, los abogados del ex mandatario presentaron una nueva apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, argumentando que la condena debe ser anulada para “rectificar una injusticia”.

Ahora será el pleno del Supremo Tribunal Federal el encargado de decidir si la polémica ley es compatible con la Constitución brasileña.

(Con información de AFP)