La Unión Europea ha endurecido su política migratoria tras alcanzar un acuerdo que busca acelerar las deportaciones y permitir la creación de centros de detención en países fuera del bloque, una medida que ya genera fuerte controversia global.

El pacto fue alcanzado durante un “trílogo” entre las principales instituciones europeas —la Comisión, el Consejo y el Parlamento—, con el objetivo de resolver el control de la migración irregular, uno de los temas más sensibles para los 27 Estados miembros.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará la devolución de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE”, afirmó Nicholas Ioannides, viceministro de Migración de Chipre, país que actualmente ostenta la presidencia rotatoria del bloque.

Más deportaciones y acuerdos con terceros países

Uno de los puntos centrales del acuerdo es permitir que los países europeos firmen convenios con naciones externas para establecer los llamados “centros de retorno”, instalaciones donde los migrantes podrían ser enviados mientras se define su situación o deportación.

De hecho, países como Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia ya han iniciado conversaciones con terceros, principalmente en África, siguiendo modelos como el acuerdo entre Italia y Albania.

El legislador neerlandés Malik Azmani, uno de los impulsores de la reforma, defendió la urgencia del cambio: “Europa no puede permitirse otro periodo de estancamiento. Hay una necesidad urgente de una política de retorno eficaz con tasas de retorno más altas”, señaló, al destacar que actualmente solo el 28% de los solicitantes de asilo rechazados abandona el territorio europeo.

Críticas: “un modelo similar al de Trump”

El acuerdo ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que advierten que Europa podría estar replicando políticas similares a las implementadas durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

“Europa debería aprender de los daños de ese modelo, no construir su propia versión”, advirtió Silvia Carter, portavoz de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados.

Las críticas apuntan también a que el reglamento ampliaría las facultades de las autoridades para realizar detenciones e incluso inspecciones sin orden judicial, lo que, según activistas, podría derivar en una “maquinaria draconiana de deportación”.

En la misma línea, Marta Welander, del Comité Internacional de Rescate, alertó que las nuevas normas podrían normalizar redadas migratorias y aumentar el riesgo de deportaciones hacia países donde las personas enfrenten persecución o violencia.

Giro político hacia la derecha

Tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, el avance de partidos conservadores ha impulsado una agenda más restrictiva. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido las medidas como necesarias para evitar crisis como la de 2015, cuando cerca de un millón de personas llegaron al continente huyendo de conflictos como la guerra en Siria.

Sin embargo, voces críticas dentro del propio Parlamento, como la legisladora francesa Mélissa Camara, han calificado el acuerdo como “un retroceso histórico” en materia de derechos humanos, al advertir que legitima la detención de menores y externaliza la gestión migratoria.

Con información de AP