El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, inició su visita oficial a México escuchando directamente a jóvenes mexicanos sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Una agenda con múltiples frentes

“Espero llevar sus voces conmigo durante las reuniones que sostendré esta semana”, expresó Türk en redes sociales. 

Durante su estancia, Türk sostendrá encuentros con autoridades del gobierno mexicano, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y, especialmente, con víctimas y familias de personas desaparecidas, en un intento por construir una visión integral de la crisis.

Previo a la visita de Türk a territorio mexicano, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el Artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo reservado para situaciones de extrema gravedad. Con ello, el caso de México será llevado ante la Asamblea General, encendiendo alertas en la comunidad internacional.

Choque de posturas con el gobierno mexicano

Desde un inicio, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum rechazó el informe de la ONU al considerar que presenta fallas metodológicas, al basarse en datos de sólo cuatro estados y en registros de 2009 a 2017 —periodo que abarca los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— para proyectarlos hasta 2025.

Además, cuestionó la interpretación de desaparición forzada bajo estándares internacionales, argumentando que la mayoría de los casos en el país están ligados al crimen organizado y no a acciones directas del Estado.

Amnistía Internacional presiona: ‘emergencia nacional’

En contraste, Amnistía Internacional respaldó las alertas de la ONU y elevó el tono al exigir que México declare una emergencia nacional ante la magnitud del problema.

La organización también cuestionó la narrativa oficial, al documentar casos donde autoridades habrían actuado con permisividad o incluso participación directa.

Pese al desacuerdo, el gobierno mexicano no cerró la puerta al diálogo y, en cambio, anunció la creación de un grupo interinstitucional —conformado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad (SSPC)— para analizar el informe de la ONU y preparar una respuesta formal.

Con información de Infobae