Los alcaldes de Yucatán que ejecuten obras públicas sin la autorización de sus respectivos cabildos podrían enfrentar consecuencias legales, incluso denuncias por presunto desvío de recursos, advirtió el titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), Roger Aguilar Arroyo, quien llamó a las autoridades municipales a respetar los procedimientos establecidos en la legislación.

El funcionario señaló que existen dificultades en algunos ayuntamientos, particularmente en Sinanché y Tixcacalcupul, donde la falta de acuerdos ha complicado la aprobación y ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.

Explicó que, cuando los presidentes municipales no cuentan con la autorización correspondiente, las obras no pueden ejecutarse legalmente y los recursos que no se ejerzan conforme a las disposiciones aplicables tendrían que reintegrarse, y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se estén realizando construcciones sin contar con el respaldo del cuerpo edilicio.

Aguilar Arroyo precisó que la falta de presentación de informes de gobierno por parte de algunos alcaldes no necesariamente representa una infracción legal, pero consideró más delicados los conflictos internos que impiden autorizar el ejercicio del presupuesto municipal.

Indicó que se están promoviendo acciones legales para determinar cómo pueden ejercerse los recursos en los municipios donde persisten desacuerdos entre las autoridades.

Ante esta situación, exhortó a los presidentes municipales y regidores a privilegiar el diálogo y alcanzar acuerdos que permitan ejecutar las obras pendientes.

Por otra parte, informó que el Inderm mantiene como prioridad supervisar que los 106 municipios de Yucatán avancen hacia un cierre favorable de sus programas de infraestructura del ejercicio fiscal 2026.

Asimismo, ante la próxima presentación de las iniciativas de leyes de ingresos municipales al Congreso del Estado, cuyo plazo vence el 15 de noviembre, pidió a los alcaldes entregar sus propuestas oportunamente, a fin de facilitar su revisión y permitir las correcciones.

Advirtió que algunos documentos incluyen conceptos que requieren modificaciones durante el análisis legislativo, por lo que presentarlos fuera de tiempo podría complicar su revisión.