En Yucatán, la atención a adolescentes en conflicto con la ley se enfoca en la reeducación y la reinserción social, más que en el castigo, aseguró el titular de la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rafael Pinzón Miguel.

Detalló que la dependencia registra en promedio alrededor de 400 carpetas al año relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley, de las cuales solo entre 30 y 35 jóvenes se encuentran bajo medidas a disposición del Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes (SEAMA).

El funcionario explicó que, lamentablemente, en muchos de los casos que atienden, tanto los agresores como las víctimas son menores de edad, lo que obliga a las autoridades a reforzar la atención integral y especializada.

En ese sentido, destacó que la Fiscalía ha impulsado la remodelación de espacios para brindar un mejor acompañamiento a las víctimas.

Pinzón Miguel subrayó que la cobertura de la Vicefiscalía abarca todo el estado, en coordinación con las unidades tanto del interior como de la ciudad de Mérida, con el objetivo de agilizar la integración de carpetas de investigación y su resolución.

“Son temas que no necesariamente deben atenderse desde el castigo, sino desde la reeducación”, puntualizó.

En este sentido, enfatizó que la finalidad del sistema no es mantener a los adolescentes recluidos, sino ofrecerles alternativas de rehabilitación mediante programas, cursos y procesos de concientización que les permitan corregir conductas contrarias a la ley.

“El objetivo es que tengan la oportunidad de enmendar y reintegrarse a la sociedad”, señaló.

Respecto a casos recientes que han generado debate público, como agresiones cometidas por menores, el vicefiscal reiteró que la legislación vigente es clara al establecer que los adolescentes no pueden ser juzgados como adultos.

Indicó que el sistema de justicia para adolescentes se rige por una ley nacional que regula tanto la actuación de las autoridades investigadoras como judiciales, y que cualquier modificación a este marco correspondería al ámbito legislativo.

“A los adolescentes se les tiene que juzgar como adolescentes, no hay excepción”, afirmó.

Asimismo, apuntó que muchos de estos casos están vinculados a factores sociales y familiares, como entornos disfuncionales o la influencia de adultos, lo que refuerza la necesidad de un tratamiento
diferenciado.

Finalmente, reconoció que el incremento en reportes, como las alertas Amber, refleja una problemática compleja que involucra a familias, escuelas y sociedad en general, por lo que insistió en la importancia de atender las causas de fondo para prevenir que más jóvenes incurran en conductas delictivas.