Bajo el argumento de construir una línea hidráulica para el nuevo cárcamo, el Ayuntamiento de Progreso abrió un camino sobre una zona de manglar, en lugar de optar por alternativas menos invasivas, como la instalación de ductos sobre bases para reducir el impacto ambiental.

La intervención abarcó cerca de un kilómetro de longitud y cuatro metros de ancho, donde maquinaria pesada removió el terreno y colocó material de relleno en un área considerada de alta fragilidad
ecológica.

La obra, realizada durante la administración del alcalde Erik Rihani González, fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al detectarse trabajos sin las autorizaciones federales correspondientes.

Los sellos fueron colocados en el fraccionamiento Ciénega 2000 bajo el folio PFPA/YUC/085/JZ/2026.

Vecinos de la zona aseguran que los trabajos no solucionaron los problemas de drenaje y, por el contrario, provocaron nuevas afectaciones como calles inundadas, acumulación de lodo y agua estancada tras las lluvias.

Señalan que desde hace tres meses solicitaron al Ayuntamiento concluir las obras o implementar medidas para mejorar el desagüe, sin recibir una respuesta efectiva.

El problema adquiere una dimensión mayor porque la zona intervenida no era un terreno cualquiera.

Habitantes advierten que la zona intervenida corresponde a un ecosistema de manglar con presencia de fauna como cocodrilos y serpientes, especies que recientemente han sido observadas cerca de viviendas.

En México, dañar, rellenar o contaminar manglares es un delito federal.

Las sanciones incluyen de 2 a 10 años de prisión y multas administrativas que van desde 2 mil 500 pesos por infracciones menores locales hasta más de 700 mil pesos, o incluso millones de pesos, por devastación a gran escala.

Ayuntamiento se tambalea; vecinos exigen obras de calidad

La clausura se suma a los cuestionamientos que enfrenta la administración municipal por temas de servicios públicos, entre ellos mantenimiento urbano, calles deterioradas, falta de iluminación, recolección de basura y reclamos laborales.

Lo que pretendía ser una solución de infraestructura terminó abriendo un nuevo debate sobre la planeación ambiental y urbana en Progreso, donde habitantes cuestionan si el desarrollo debe avanzar a costa de
ecosistemas vulnerables y la contaminación de las comunidades cercanas.