¿Quién pensó alguna vez que debía preocuparse por los alimentos que se consumían en la escuela? Me atrevería a decir que casi nadie. Sin embargo, si evocamos nuestra infancia, recordaremos todos aquellos productos que se vendían en las tienditas escolares o a la salida de clases. Durante décadas, nadie se preocupó realmente por lo que los niños comían en las escuelas. Crecimos entre frituras, bebidas azucaradas y dulces, mientras nuestros hábitos alimenticios eran moldeados silenciosamente por un mercado neoliberal que veía en la niñez un consumidor ideal.

A mediados de la década de 1980, el Gobierno de México comenzó a permitir la inserción masiva de productos ultraprocesados provenientes de grandes corporaciones de alimentos y bebidas. En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, el comercio de estos productos se impulsó a gran escala, siendo los principales consumidores los niños y adolescentes. Durante años, no se evaluó el impacto que una política comercial de este tipo podría tener en la salud pública.

Poco después, comenzaron a hacerse evidentes las consecuencias: el incremento de los índices de obesidad y sobrepeso se convirtió en un tema de preocupación política. Ante ello, se implementaron medidas paliativas para contrarrestar un problema que las mismas políticas habían propiciado. Entre estas acciones se incluyeron la aplicación de impuestos a ciertos productos, campañas de salud en las escuelas con la enseñanza de El plato del bien comer y La jarra del buen beber, así como campañas publicitarias que promovían estilos de vida más saludables, aunque sin retirar del mercado los productos que generaban el problema. Los resultados fueron limitados y, en 2010, México declaró la obesidad como una epidemia.

El problema continuó agravándose sin que se tomaran medidas de fondo, hasta que, en 2021, durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se modificó la norma de etiquetado para incluir sellos de advertencia como: exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas.

En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso han sido considerados el principal problema de salud pública. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el inicio de la estrategia nacional “Vida Saludable”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, donde se establecen los “Lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas, preparados, procesados y a granel, así como para el fomento de estilos de vida saludables en la alimentación, dentro de todas las escuelas del sistema educativo nacional”. Estos lineamientos entraron en vigor el 29 de marzo de este año. Una de las principales disposiciones fue eliminar todos los productos considerados “chatarra”, además todo lo que tuviera sellos de advertencia.

Este cambio ya comienza a transformar la cultura escolar y la vida de los estudiantes. Sin embargo, esta política requiere también la participación activa de todas y todos. La presidenta ha sido muy clara: ni un paso atrás. Prueba de ello, es que, el 22 de julio, la Secretaría de Educación Pública anunció en su boletín Nº 232 que obtuvo cinco resoluciones judiciales a favor frente a recursos legales interpuestos por diversos actores, desde una embotelladora de refrescos hasta una universidad privada. Esto sólo quiere decir que la salud infantil no puede seguir negociándose con las grandes corporaciones.