El contexto educativo sigue siendo, al día de hoy, un espacio fundamental para la construcción de relaciones sociales, la adquisición de aprendizajes significativos transferibles a diversos ámbitos de la vida, así como para la formación de aspiraciones tanto individuales como colectivas. En este sentido, las instituciones educativas se consolidan como escenarios estratégicos desde los cuales pueden gestarse procesos de transformación social, incidiendo de manera significativa en la construcción y reconstrucción de sociedades más justas, equitativas e inclusivas.

En congruencia con este papel transformador, la última reforma a la Ley General de Educación, publicada el 15 de enero de 2026, integra de manera explícita el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, mediante la incorporación transversal de la perspectiva de género. Esto es significativo, ya que contribuye no sólo a saldar y reconocer una deuda histórica con las mujeres en el ámbito educativo, sino que abre camino a cambios más significativos como modificar conocimientos y prácticas culturales.

Y justamente esta última modificación responde a una necesidad que por mucho tiempo ha sido evidente; reconocer de manera real la igualdad entre mujeres y hombres, así como reconfigurar el campo
educativo desde una mirada incluyente, como también hacer justicia a las diversidades que forman parte de la vida escolar. De modo que, al transformar las pedagogías, la didáctica, los contenidos, las evaluaciones, los recursos y otros elementos del proceso educativo, sea posible cuestionar y eliminar creencias y valores arraigados que reproducen la discriminación, la violencia de género, el sexismo y el machismo, etc. Con ello se contribuye a una transformación social que trascienda el ámbito escolar y se refleje de manera concreta en la vida cotidiana.

Sin duda, esto significa una posibilidad para trascender el marco legal, ya que no sólo se establece a nivel normativo, sino que permite la reestructuración de diversos aspectos de la vida donde participan las
mujeres, particularmente porque también cuestionará prácticas internas que reproducen estereotipos de género, elementos simbólicos que discriminan o invisibilizan a las mujeres. Por eso las acciones iniciales para su implementación en el contexto educativo impactarán no sólo los procesos de enseñanza, sino también los mecanismos que operan dentro de las instituciones educativas, permitiendo a su vez repensar la cultura institucional en general. Es así que la puesta en marcha de esta ley abre un abanico de oportunidades en las escuelas, el cual indiscutiblemente aportará beneficio para todas y todos.

En este sentido, el contexto educativo se fortalece como un espacio donde se construyen las relaciones sociales y se adquieren aprendizajes que se trasladan a otros espacios sociales, razón suficiente para mirar a las escuelas como lugares de acción donde se crea consciencia, se promueven valores comunes y se construye la esperanza de un mundo mejor para todas.