Columna de Edgar Fernando Cruz
“La justicia está por encima de la política”, sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado martes desde la tribuna matutina de Palacio Nacional. La premisa es inobjetable en el terreno abstracto de la teoría democrática, especialmente dentro de un país lacerado por una crisis de impunidad histórica, que es una deuda social que parece interminable. Sin embargo, en la praxis real del poder en México, los laberintos de la procuración de justicia y los cálculos de la política nacional terminan por cruzarse inevitablemente en el mismo camino.

El arresto y encarcelamiento del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, tras evidenciarse la incursión no autorizada y directa de agentes de la DEA durante una inspección a un laboratorio clandestino abandonado, ha destapado una de las crisis institucionales más delicadas del norte del país. En un primer momento, el costo político y la presión pública cayeron con todo su peso sobre la gobernadora panista Maru Campos, quien tuvo que desplegar una operación de contención de daños para deslindar a su administración, lavarse las manos y apuntar el dedo acusador hacia un fiscal no autónomo que obedece a la gobernadora pero que, en los hechos, brincó los protocolos de seguridad y las leyes de soberanía nacional.

No obstante, reducir este episodio a un simple ajuste de cuentas local o a un desaseo administrativo en la Fiscalía estatal sería pecar de miopía analítica. El hecho irrumpe en abril, el momento de mayor tensión geopolítica con nuestro vecino del norte: entre las constantes amenazas de Donald Trump sobre intervenciones militares unilaterales, la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y una oposición interna (PAN, PRI y MC) que parece festejar cada señalamiento que proviene de Washington. Frente a ese asedio, el gobierno federal construyó un atrincheramiento ideológico en torno a la soberanía, y en la impericia del gobierno chihuahuense encontró el hilo perfecto de la madeja para arrinconar al panismo contra la pared.

Invocar la sombra de la “traición a la patria” ante la penetración de agencias extranjeras en territorio nacional no es un mero adorno retórico. Es una jugada magistral de ajedrez político que desplaza el eje del debate: la discusión ya no gira únicamente sobre la seguridad en Chihuahua, sobre la incursión de la DEA y el intervencionismo, sino sobre la lealtad constitucional y el sometimiento a agendas externas. ¿Es esto únicamente un acto de justicia tardía o estamos presenciando el uso estratégico de la ley bajo el manto de la soberanía para desmantelar al último bastión de la oposición en el norte?

Las respuestas quedan a juicio de la opinión pública, pero la secuencia de los hechos es incontestable. Por lo pronto, el partido del exfiscal no mete las manos al fuego por él, y lo más que ha dicho Santiago Taboada  secretario de Acción Política del PAN, es que la acusación es desorbitada, mientras la gobernadora Maru Campos busca dejar atrás el costo del escándalo, pero no está en un lecho de rosas; los desaires, la altanería y la falta de respeto a la figura presidencial cobrarán factura con las deudas jurídicas guardadas en su contra, cuando ya no tenga fuero.  Es cosa de tiempo  un plato que se come frío. Mientras el operador político y mentor de la gobernadora, el exfiscal Jáureguidor mira solo tras las rejas por un tiempo. 

La novela política está escrita y el mensaje para el tablero nacional ha quedado marcado con fuego: cuando la soberanía se convierte en el argumento supremo del Estado, la política y la justicia terminan hablando exactamente el mismo idioma.