Columna de Raúl Ancona: 
México está a punto de dar un paso que muchos países desarrollados aún debaten: legislar la inteligencia artificial. El Senado de la República presentó esta semana la primera Ley de Inteligencia Artificial del país, construida durante diez meses por legisladores de todos los partidos Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano. El acuerdo multipartidista es, en sí mismo, una señal positiva en tiempos de polarización. Pero la ley tiene aristas que merecen debate público, no solo aplausos.

Lo más llamativo de la propuesta es su sistema de infracciones en tres niveles: leves, graves y gravísimas. Este último término es inédito en la legislación mexicana y carga con consecuencias severas: multas elevadas, suspensiones, retiro del mercado de aplicaciones, inhabilitación y, en los casos más extremos, cárcel y remisión a la Fiscalía General de la República.

La inteligencia artificial ha dejado de ser un tema exclusivo de Silicon Valley para convertirse en una prioridad en la tribuna de San Lázaro y el Senado. México se encuentra en un punto de inflexión con la preparación de su primera Ley General de Inteligencia Artificial (LGIA), una normativa que no sólo busca ordenar el caos digital, sino que lanza un mensaje contundente: el mal uso de los algoritmos tendrá consecuencias penales, en algunos escenarios incluyendo la cárcel.

Lo que hace apenas un año parecía una herramienta sin ley, como clonar voces de cantantes o generar paisajes surrealistas ha mostrado su rostro más amargo. La propuesta legislativa de 2026 identifica con precisión las infracciones “gravísimas”.

Aquí, el foco no es la tecnología nada más, sino el daño humano. La creación y difusión de deepfakes de contenido sexual sin consentimiento es, quizás, el punto más sensible y urgente. Con sanciones que podrían alcanzar los 8 años de prisión, México busca cerrar el vacío legal que permitía una impunidad casi total ante la violencia digital, alineándose con el espíritu de la Ley Olimpia, pero con esteroides tecnológicos.

Sin embargo, la ley va más allá de lo individual. Se contempla la criminalización de la manipulación política y electoral mediante IA. En un país donde la desinformación puede inclinar balanzas democráticas, castigar el uso doloso de sistemas para engañar al votante es una medida audaz. 

También se prohíben los sistemas de vigilancia masiva no autorizada y la manipulación cognitiva coercitiva, prácticas que evocan recuerdos de aquellos libros de George Orwell que hoy son técnicamente posibles.

El reto, no obstante, es monumental. ¿Cómo se castiga a un algoritmo sin asfixiar la innovación? La creación de una Autoridad Nacional de Inteligencia Artificial y un sistema de certificación para empresas son pasos burocráticos necesarios, pero el éxito de la ley dependerá de la capacidad técnica de los juzgados.

No basta con tipificar el delito; se requiere una policía cibernética capaz de rastrear huellas digitales en un entorno donde la IA puede borrar sus propios rastros.

México está pasando de ser un espectador de la revolución tecnológica a un regulador activo. Esta ley no es un freno, sino un paracaídas necesario. Al final del día, la tecnología debe servir para potenciar nuestra humanidad, no para encarcelar nuestra privacidad. La cárcel para los casos más graves no es un acto de censura, sino un ejercicio de soberanía digital en un mundo donde el código ya es ley.