La contaminación de Progreso podría estar cruzando sus límites y alcanzar al norte de Mérida, pues con la expansión de la industria extractiva y la actividad de empresas cementeras en el municipio no sólo mantiene en alerta a las comunidades cercanas al polígono industrial, sino que, de acuerdo con Ramiro Rodríguez Cruz, integrante de Lucha Maya Peninsular, las partículas suspendidas que generan estas actividades pueden viajar varios kilómetros impulsadas por el viento y llegar incluso a zonas habitacionales de la capital yucateca.

El activista señaló a Flamboyanes, comisaría de Progreso, como uno de los puntos donde la población estaría expuesta durante buena parte del año a estas partículas, cuyos efectos podrían extenderse mucho más allá de la zona industrial. Durante los frentes fríos, explicó, las condiciones del viento favorecerían su desplazamiento hacia colonias y fraccionamientos del norte de Mérida.

Rodríguez Cruz afirmó que existe evidencia científica de que incluso la minería realizada dentro de la legalidad puede ocasionar importantes impactos sobre los ecosistemas y la salud humana.

Reprobó la proliferación de cementeras, caleras, sascaberas, concreteras, criberas y sitios dedicados a la extracción de materiales para construcción, problema que, aseguró, se ha agudizado durante los últimos siete años. Indicó que en ese período la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) autorizó el aprovechamiento de 53 bancos de materiales en Yucatán. Pero el señalamiento adquiere especial relevancia en Progreso, donde se encuentra un importante polígono industrial y operan empresas cementeras, cuya actividad, según Rodríguez Cruz, genera emisiones que pueden afectar a comunidades cercanas. Frente a estas advertencias, el Ayuntamiento de Progreso difícilmente puede asumir que toda la responsabilidad corresponde a las autoridades ambientales estatales y federales.

El señalamiento coloca bajo escrutinio no sólo a las empresas asentadas en Progreso, sino también al Ayuntamiento encabezado por Erik Rihani González, pues la reglamentación municipal le confiere atribuciones para prevenir, vigilar y actuar ante diversas fuentes de contaminación. Su propio Reglamento de Ecología establece entre sus objetivos prevenir, controlar y sancionar, dentro de su ámbito de competencia, la contaminación atmosférica y aquella originada por polvo, gases, ruido, vibraciones, desechos y olores.

Incluso dispone que las autoridades municipales deben vigilar que la explotación de los suelos evite daños o afectaciones al bienestar de las personas, proteja flora y fauna y prevenga la contaminación del agua. Por ello, las denuncias obligan a preguntar qué monitoreo ambiental realiza actualmente la administración de Erik Rihani en Flamboyanes y alrededor del Polígono Industrial; cuántas inspecciones ha efectuado, qué resultados obtuvo y si existen mediciones públicas de partículas suspendidas que permitan conocer la calidad del aire que respiran las familias.

El contraste resulta mayor porque recientemente la administración municipal promovió modificaciones a sus normas de construcción, zonificación y uso de suelo, argumentando precisamente la necesidad de fortalecer las herramientas del Ayuntamiento para equilibrar desarrollo y protección ambiental.

Rodríguez Cruz explicó que la explotación a cielo abierto requiere remover grandes cantidades de suelo y roca, eliminar vegetación y transformar el paisaje, con la consecuente fragmentación de hábitats. A ello se suma el consumo de agua y la generación de residuos que requieren vigilancia durante largos períodos para impedir filtraciones y afectaciones al suelo y cuerpos de agua.

Tampoco basta con exigir programas de restauración, pues después de una explotación intensiva no siempre es posible recuperar las condiciones originales de ecosistemas formados en siglos.