Bajo el argumento de proteger al flamenco rosado en plena temporada de anidación, un comité comunitario ha asumido el control del acceso en el camino que conecta El Cuyo con Las Coloradas, en el municipio de Río Lagartos. La medida fue presentada como un “acceso controlado” y no como un cierre, pero se trata de un área de trayecto complicado, de difícil tránsito y poco accesible para el turismo convencional.

El anuncio, difundido como una acción necesaria para evitar daños a la biodiversidad, señala que el paso estará regulado mediante acompañamiento obligatorio de guías certificados, además de vigilancia comunitaria en coordinación con autoridades locales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

A través de las redes sociales dieron a conocer estos acuerdos que, según aseguran, están validados por las autoridades federales, pero omitieron un dato fundamental: ¿cuál es el costo del servicio?

Estamos hablando de un camino rural, de arena, que sólo es transitable en su mayoría por vehículos en esta temporada de sequía, pues cuando llueve hay zonas que se inundan y hacen imposible el paso hasta para automóviles.

El comité argumenta que el tráfico desordenado, el ruido y la presencia humana ponen en riesgo la reproducción del flamenco rosado, una especie emblemática de la región.

Advierten que, de no actuar, las aves podrían abandonar sus nidos, afectando tanto la biodiversidad como el sustento económico de las comunidades.

Otro de los puntos que genera debate es la obligatoriedad de contratar guías o servicios turísticos para transitar la zona con fines recreativos.

Aunque se insiste en que no se trata de un “cobro de paso”, sino de una contribución a la economía local y a la vigilancia ambiental, la medida es percibida por algunos como un filtro que restringe el libre tránsito en un espacio que, hasta ahora, no figuraba entre los de mayor presión turística. 

Mientras el comité defiende la decisión como “valiente y necesaria” para garantizar un turismo sustentable, la discusión sobre esta medida en donde hasta ayer no había un posicionamiento oficial, que indique, quién y cómo autorizó esta “autoregulación”.