En la franja costera del oriente del Estado, particularmente en el corredor entre El Cuyo y Las Coloradas, comienza a configurarse un escenario preocupante: el uso de zonas federales sin transparencia, sin coordinación con autoridades municipales y con la aparente anuencia —o al menos pasividad— de instancias federales como la Conanp y Profepa.

Luego de que el municipio de Río Lagartos lanzara su reglamento de turístico, en la comisaría de El Cuyo, se organizaron para “controlar” el acceso al camino que lo une con Las Coloradas.

Bajo el argumento de proteger al flamenco rosado en temporada de anidación, un comité comunitario ha implementado un esquema de “acceso controlado”, no restringido, asegura, aunque en los hechos, implica la regulación del tránsito y la posible imposición de pagos para ingresar a la zona.

Sin embargo, no existe claridad sobre los montos, mecanismos de cobro ni el destino de esos recursos, lo que abre la puerta a sospechas de manejo irregular, incluso fuera de los canales oficiales de recaudación federal.

El punto crítico no es sólo la medida en sí, sino la forma en que se ha gestado, porque las autoridades municipales han reconocido abiertamente que no fueron informadas ni convocadas a la toma de
decisiones.

“No me avisaron de esto… desconozco por qué lo están haciendo”, admitió la alcaldesa de Río Lagartos, Yeseña Osiris Loría Marfil, quien incluso le ha pedido a los funcionarios de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que le informen de la minuta de los acuerdos que tomaron y sólo le han respondido que “los invitaron”.

Cabe destacar que las autoridades federales no tuvieron coordinación con la edil, aunque esta fue electa por el mismo partido que gobierno México, Morena, y que se enteró de lo ocurrido a través de las redes sociales como la mayoría, y no le queda claro cómo fue que hubo participación federal, pero no municipal.

Mientras tanto, el comité promueve la obligatoriedad de guías certificados y justifica posibles cobros como un apoyo a la economía local. No obstante, este esquema se sostiene sin reglas claras, sin supervisión visible y sin rendición de cuentas, en un territorio que, por ley, corresponde a la Federación.

Paradójicamente, el camino en cuestión es de difícil acceso, con condiciones que de por sí limitan el flujo turístico masivo. Esto ha llevado a cuestionar si la narrativa ambiental está siendo utilizada para legitimar un control territorial y económico sin sustento institucional sólido.

En este contexto, la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la permisividad de las autoridades federales están generando un vacío que grupos organizados han comenzado a ocupar. El resultado: una especie de “gobierno paralelo” en zonas federales, sin reglas claras, ni consecuencias.