La opacidad en el manejo de los recursos públicos y el favoritismo en la asignación de contratos a empresas que cambian de directivos antes de acceder a contratos públicos, evidencian presunta corrupción en que incurre el alcalde de Progreso, Erik Rihani González desde el inicio de su administración el 1 de septiembre de 2024, denunció el regidor José Elías Cruz Cámara, quien agregó que, como concejales, se les ha negado el acceso a obtener información sobre el manejo del Ayuntamiento, violentando con ello las leyes en la materia.

El regidor emanado de Morena declaró que en materia de asignación de contratos de obra, licitaciones, adjudicaciones, así como el padrón de proveedores, el polémico alcalde de Progreso, Erik Rihani se ha negado rotundamente a revelar los procedimientos realizados en esos rubros, por lo que ante esta situación, como regidores han procedido a realizar investigaciones sobre el manejo de recursos en la administración municipal, los cuales han dejado como resultado posibles actos de corrupción por parte del citado alcalde.

En este sentido, precisó que con base en una investigación, detectaron un procedimiento para posiblemente entregar cantidades de dinero para la realización de obras de pavimentación a empresas que cambian de directivos antes de acceder a contratos públicos, como es un caso de pavimentación de calles en Chicxulub Puerto.

Cruz Cámara expuso que en julio de 2025, el Ayuntamiento de Progreso firmó un contrato por más de $5 millones de pesos para la construcción de calles en Chicxulub Puerto, utilizando recursos federales del Ramo 33 destinados a infraestructura social.

El documento establece la intervención de más de siete mil metros cuadrados de pavimento, con un plazo de ejecución de 90 días y un esquema de pagos por estimaciones que, en apariencia, cumple con todos los requisitos legales.

La empresa beneficiada es Tygar México S.A. de C.V., que cambió de directivos antes de acceder a los recursos públicos. Explicó que en 2016, la compañía experimentó un cambio total de control. El entonces propietario vendió la totalidad de sus acciones y abandonó la sociedad, dando paso a un nuevo grupo que asumió el dominio absoluto de la empresa la cual quedó bajo el control de dos socios con participaciones iguales: Iván Medina Gallegos y Omar Ponce Recinos.

Agregó que en el momento de la adquisición, Iván Medina Gallegos tenía 25 años y se identificaba como comerciante, sin que en los documentos revisados exista evidencia de una trayectoria consolidada en el sector de la construcción.

A pesar de ello, años después, la empresa bajo su dirección comenzó a acceder a contratos públicos financiados con recursos federales.

El regidor agregó que el contrato firmado en Progreso confirma ese salto. Más de 5 millones de pesos fueron comprometidos para una obra que, en términos financieros, supera incluso el capital original de la empresa.

El Ayuntamiento no solo adjudicó el proyecto, sino que autorizó un anticipo del 30% del monto total, equivalente a más de 1.5 millones de pesos entregados antes del inicio de los trabajos.

Expuso que este tipo de esquemas, aunque permitidos por la ley, han sido señalados como puntos críticos en la fiscalización de obra pública, debido a la dificultad para verificar el destino real de los recursos.

El documento contractual establece que la empresa debía entregar reportes fotográficos, bitácoras de obra y documentación técnica que acreditara el avance y la correcta ejecución de los trabajos, sin embargo, al revisar la información pública disponible, estos elementos no se encuentran accesibles. No hay acta de entrega-recepción, no hay finiquito de obra y no existe evidencia documental pública que confirme la conclusión del proyecto.

Analizó que en cualquier proceso de obra pública, la etapa de cierre es fundamental para garantizar que los recursos fueron ejercidos conforme a lo contratado. Sin esa evidencia, el contrato queda incompleto desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Existe el compromiso financiero, existe la asignación de recursos, pero no existe la confirmación pública del resultado.

Expuso que el caso de Tygar México no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo operan ciertos esquemas de contratación a nivel municipal, expuso el concejal.