La indignación de las familias desalojadas de un predio propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) no terminó con el operativo realizado durante la madrugada de ayer jueves, pues horas después de perder el espacio que ocupaban de manera irregular en la colonia San José Tecoh, bloquearon ambos sentidos del Periférico de Mérida para denunciar lo que calificaron como un desalojo violento y reclamar las promesas de vivienda que, aseguran, recibieron durante la campaña electoral a la gubernatura y varias diputaciones.

El cierre de las vialidades en la parte sur del anillo vial, desquició el tráfico en la zona, obligando a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a reorganizar el tráfico en la zona, horas más tarde, un grupo de antimotines con escudos, mantuvo asegurada la zona en cuestión, el cierre del periférico desató opiniones encontradas en las redes sociales, por las afectaciones para quienes iban al trabajo y quedaron atrapados en el tráfico, ante la exigencia de los derechos por una ocupación ilegal por un lado y por el otro del incumplimiento que detonó esa protesta.

En medio del reclamo social, el Gobierno del Estado emitió un comunicado por la mañana, en el cual aseguró que el operativo se realizó en coordinación con la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de la carpeta de investigación FGE/SUR/UNADT-2015/2026, pues el terreno pertenece al patrimonio estatal y que su recuperación se llevó a cabo sin incidentes, luego de que las ocho personas localizadas en el sitio se retiraran de manera pacífica, sin embargo, la versión de quienes habitaban el asentamiento fue diferente a la oficial.

Los inconformes admitieron que ocuparon un terreno del IVEY porque no cuentan con acceso a una vivienda, pese a que durante meses han solicitado apoyo institucional para tener un espacio digno, aunque, hasta ahora siguen sin obtener respuesta.

Además de lo anterior, señalaron que el problema no es únicamente el desalojo que se les hizo, sino también la forma en que se ejecutó y el incumplimiento de las promesas que, afirman, les hicieron durante la campaña del pasado proceso electoral.

“Nosotros estábamos en una invasión porque no tenemos dónde vivir. Llegaron los del gobierno, la policía y los antimotines y nos expulsaron, no nos dejaron sacar nuestras cosas y hasta se llevaron los celulares. No llegaron con ninguna orden”, denunció uno de los afectados durante la protesta.

Los manifestantes aseguraron que alrededor de 230 a 250 familias fueron desalojadas y que la mayoría de ellas está integrada por comerciantes que laboran en tianguis, vendedores de alimentos y trabajadores informales que, debido a su condición económica, no pueden acceder a un crédito hipotecario.

En ese sentido, afirmaron que durante la campaña política escucharon el compromiso de que los sectores con mayores necesidades tendrían acceso a un patrimonio, pero sostienen que esa promesa quedó en el discurso.

“Por nosotros llegaron al poder. Pensamos que iban a trabajar primero para los pobres y hoy nos ignoran. No queremos nada regalado, si nos asignan un terreno lo pagamos, pero que nos escuchen. Lo único que
pedimos es un lugar digno para nuestras familias”, expresaron.

Durante la protesta también hubo reclamos directos contra el titular del Ejecutivo Estatal, Joaquín Díaz Mena, así como de varios legisladores y figuras de Morena, como la diputada local Clara Rosales y el diputado federal Óscar Brito, quienes en su momento les aseguraron que tendrían certeza jurídica, por lo que los acusaron de desaparecer una vez concluida la elección.

También denunciaron presuntas agresiones durante el operativo, pérdida de pertenencias y daños al patrimonio que habían construido con recursos propios e incluso afirmaron que algunas personas fueron golpeadas y despojadas de sus teléfonos celulares para que no grabaran los hechos.