A más de dos meses de haberse presentado la solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado de Yucatán, el procedimiento iniciado contra el Ayuntamiento de Ucú permanece sin avances sustantivos, pese a que el adeudo laboral (que data de 2021) que dio origen a la denuncia ya rebasa un millón 425 mil pesos, de acuerdo con resoluciones judiciales vigentes.

El 4 de noviembre de 2025, tres ex trabajadoras del Ayuntamiento de Ucú (Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké) promovieron una denuncia de juicio político en contra del presidente municipal, al acusarlo de desacato judicial, incumplimiento de acuerdos de Cabildo y daño al erario público. Las promoventes, representadas legalmente por el abogado Miguel Ángel Basteris
Maldonado, señalaron que fueron despedidas de forma injustificada, lo que derivó en un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial de Yucatán. Dicho proceso concluyó en diciembre de 2021, cuando el Tribunal dictó un laudo condenatorio que obligaba al Ayuntamiento de Ucú a pagar 253 mil 40 pesos con 83 centavos a cada una; es decir, 759 mil 120 pesos en total.

No obstante, el fallo judicial no fue acatado en el plazo legal de 15 días, lo que permitió que el monto creciera hasta alcanzar un millón 425 mil 840 pesos, según acuerdos judiciales recientes. Las
denunciantes sostienen que esta omisión ha generado un perjuicio directo al patrimonio municipal, al tratarse de dinero público que ahora deberá destinarse al pago de recargos y actualizaciones.

A más de dos meses de presentada la solicitud de juicio político, el abogado Basteris informó que se ha retrasado la sustanciación del procedimiento, motivo por el cual ya fue promovido un amparo en contra del Legislativo. 

Explicó el abogado que, como efecto del amparo, el Ayuntamiento de Ucú encabezado por Gener Pech León tendrá conocimiento formal del avance del proceso, lo que podría generar alguna reacción institucional en lo que resta de enero y durante los primeros días de febrero.

Recordó que en la denuncia presentada ante el Poder Legislativo se documenta que el Cabildo de Ucú, en sesión celebrada el 25 de agosto de 2023, aprobó solicitar un préstamo al Congreso del Estado para cubrir la deuda laboral; pero, el alcalde no habría dado cumplimiento al acuerdo ni realizado las gestiones. Incluso,
señaló que el edil habría intentado simular el cumplimiento del mandato del Cabildo mediante oficios que carecen de sellos y firmas de recepción a donde supuestamente fueron enviados, entre ellas el Gobierno del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el Congreso, situación que podría configurar falsificación documental y fraude procesal. 

Las promoventes reiteraron su llamado al Congreso Local para que actúe con imparcialidad y conforme a derecho, al considerar que el caso no sólo involucra un conflicto laboral, sino el respeto al Estado de Derecho, al Poder Judicial y a la correcta administración de recursos públicos.