Más de 100 mil metros cuadrados de calles intervenidas, 400 nuevas luminarias, siete mil apoyos sociales, cinco mil atenciones de salud y 487 millones de pesos de ingresos fueron parte de la fotografía que Erik Rihani González eligió para presentar en su Segundo Informe de Gobierno.

Fue, sin embargo, una fotografía incompleta. Mientras el alcalde construyó un discurso alrededor de la frase “Progreso avanza con resultados”, prácticamente quedaron fuera del escenario algunos de los asuntos más incómodos de su administración: conflictos con sindicatos, obligaciones laborales acumuladas, trabajadores despedidos que siguen esperando el cumplimiento de pagos, el problema relacionado con el Isstey, deficiencias en servicios básicos y controversias urbanísticas que han puesto bajo cuestionamiento la capacidad regulatoria del municipio.

El informe abundó en lo construido y entregado, pero fue mucho menos preciso al momento de explicar cuánto debe el Ayuntamiento, a quién le debe, qué compromisos heredados siguen abiertos y cuánto podrían terminar costándole a los progreseños.

La deuda con los trabajadores 

Uno de los silencios más notorios fue el laboral. Apenas semanas antes del informe, cuatro organizaciones sindicales tuvieron que presionar a la administración municipal para conseguir mejoras en las condiciones económicas de sus trabajadores. Las negociaciones derivaron en un primer acuerdo para actualizar el sueldo de quienes percibían el salario mínimo y cubrir la retroactividad correspondiente desde enero de 2026.

También quedaron sobre la mesa incrementos para empleados con ingresos superiores al mínimo, compensaciones y quinquenios.

No se trata de un asunto menor. Las inconformidades sindicales involucran a más de 650 trabajadores y meses antes sus representantes habían señalado presuntos incumplimientos relacionados con condiciones generales de trabajo, contratos colectivos y seguridad social.

Pese a ello, durante su informe Rihani habló de garantizar a los servidores públicos “condiciones laborales dignas”, pero no presentó un corte suficientemente detallado que permitiera conocer cuáles demandas ya fueron resueltas, cuáles permanecen pendientes y cuánto dinero necesitará el Ayuntamiento para cumplirlas.

La diferencia es importante: anunciar que se trabaja por condiciones dignas es discurso; transparentar obligaciones, plazos, montos y cumplimiento es rendición de cuentas.

Adeudo con el Isstey no desaparece por no mencionarlo

Otro gran ausente fue el Isstey. Organizaciones sindicales han reclamado el cumplimiento de resoluciones relacionadas con la incorporación y derechos de trabajadores municipales, además de señalar obligaciones por cuotas que han situado alrededor de los 150 millones de pesos.

Después de dos años en la Presidencia Municipal ya no basta con señalar que se trata de una herencia. Una administración también se mide por su capacidad para solucionar los problemas que recibe.

Si el Ayuntamiento reconoce esa obligación, tendría que explicar cómo pretende cubrirla. Si controvierte la cantidad, debería transparentar cuál considera que es el monto real. Y si existe una estrategia jurídica o financiera para enfrentarla, los ciudadanos tienen derecho a conocerla.

Lo que resulta insuficiente es simplemente dejar el problema fuera de la fotografía del informe.

Despedidos y laudos, ¿cuánto debe realmente Progreso?

La misma opacidad rodea los conflictos con trabajadores despedidos durante administraciones anteriores.

¿Cuántos siguen esperando pagos? ¿Cuántos expedientes laborales continúan abiertos? ¿Cuánto ha pagado la administración de Rihani en laudos, indemnizaciones y convenios? ¿Cuántas sentencias están pendientes de ejecución? ¿A cuánto asciende actualmente el pasivo laboral contingente del municipio?

El Segundo Informe no ofreció respuestas suficientemente claras a estas preguntas. Y debería hacerlo.

Porque mientras existan resoluciones, convenios u obligaciones pendientes con antiguos trabajadores, el problema deja de ser exclusivamente de la administración que los despidió: se convierte en una obligación que debe administrar el Ayuntamiento actual.

La ciudadanía merece saber quiénes siguen esperando, cuánto se les debe y cuándo pretende pagarles el municipio.

¿Finanzas sanas o cuentas incompletas?

Rihani presumió ingresos superiores a 487 millones de pesos y destacó que durante su segundo año de gobierno no contrató nueva deuda pública.

El dato es favorable, pero insuficiente para proclamar por sí mismo una situación financiera saludable. No pedir préstamos no significa necesariamente no deber.

Laudos, indemnizaciones, sentencias, cuotas de seguridad social, compromisos sindicales y obligaciones heredadas también pueden representar presiones importantes para las finanzas municipales.

Por ello, hablar de finanzas sanas sin colocar junto a los ingresos el tamaño de todos los pasivos y contingencias ofrece solamente una parte de la realidad.

Si las obligaciones relacionadas con el Isstey alcanzaran efectivamente las cantidades señaladas por organizaciones sindicales, estaríamos hablando de un compromiso equivalente a una proporción considerable de los ingresos municipales presumidos por el propio alcalde. Ese contraste merecía aparecer en el informe.

El agua, dos años después, todavía es una promesa de campaña

Hubo además una frase del propio Rihani que terminó exhibiendo involuntariamente otro pendiente. El alcalde aseguró que su administración trabaja para lograr “agua todos los días y a todas horas”. Precisamente ahí está el problema.

Después de dos años de gobierno, garantizar plenamente un servicio tan elemental como el abastecimiento continuo de agua todavía aparece como objetivo y no como asunto resuelto.

Y el tiempo comienza a jugar en contra. Progreso se encuentra frente a una transformación económica sin precedente por la ampliación y modernización del Puerto de Altura, cuya inversión integral alcanza 12 mil 225 millones de pesos y que llevará su superficie operativa de 34 a 114 hectáreas.

Más inversión significará también más población flotante, desarrollos inmobiliarios, vehículos, demanda de vivienda, agua potable, drenaje pluvial, recolección de basura, seguridad, movilidad y servicios.

Los 71 pozos pluviales construidos o rehabilitados, las calles intervenidas y las luminarias son acciones necesarias, pero están lejos de responder por sí mismas a la pregunta verdaderamente importante: ¿está preparado Progreso para el crecimiento que se le viene encima?

Las Dunas, caso que evidenció las fallas en el control

Tampoco ocupó un espacio proporcional a su importancia la controversia del complejo turístico Las Dunas, en Chuburná Puerto.

La intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que clausuró temporalmente obras tras detectar incumplimientos de autorizaciones ambientales, afectaciones a flora protegida e irregularidades relacionadas con residuos del desmonte, convirtió el proyecto en uno de los conflictos ambientales y urbanísticos más relevantes del municipio.

Profepa documentó la remoción total de vegetación en 1.3 hectáreas dentro de un ecosistema característico de dunas costeras.

Posteriormente, un Juzgado de Distrito concedió una suspensión provisional relacionada con las obras y licencias municipales del proyecto.

La controversia terminó obligando al Ayuntamiento a reaccionar. En agosto, Rihani informó modificaciones al Reglamento de Zonificación y Construcción para fortalecer las facultades municipales de regulación territorial y armonizarlas con disposiciones ambientales y urbanas.

Pero la corrección posterior deja una pregunta inevitable: ¿por qué el municipio no contó antes con controles suficientemente eficaces para impedir que un proyecto de esa dimensión terminara bajo clausura federal y controversia judicial?

El caso Las Dunas no puede presentarse únicamente como un problema de particulares. También debe servir para evaluar qué tan rigurosamente revisa, autoriza y vigila el Ayuntamiento el desarrollo inmobiliario en una de las zonas ambientalmente más frágiles de Yucatán.

“Podemos solos”, una frase que choca con la realidad

Quizá una de las afirmaciones políticamente más arriesgadas del informe llegó cuando Rihani recordó que durante años se decía que determinadas obras no podían hacerse sin ayuda estatal o federal y respondió: “Oh, sorpresa, sí podemos, podemos solos”.

La frase funciona en un discurso político. Los números cuentan otra historia. La transformación del Puerto de Altura contempla una inversión integral de 12 mil 225 millones de pesos, con participación de recursos federales, estatales y privados.

La magnitud equivale a alrededor de 25 veces los 487 millones de pesos de ingresos municipales destacados en el informe.

El Gobierno de Yucatán participa con mil 630 millones de pesos en el proyecto y existe además inversión privada por 948 millones para la ampliación de la terminal de cruceros, mientras la Federación interviene en el desarrollo de infraestructura portuaria.

Progreso no está solo. Y difícilmente podría enfrentar solo el crecimiento que traerá la transformación del puerto.

El reto del alcalde no debería ser demostrar que puede gobernar sin otros órdenes de gobierno, sino garantizar que Progreso obtenga de ellos los recursos necesarios para que la expansión portuaria no termine desbordando los servicios municipales.

El informe de lo hecho, pero no de lo que se debe

Después de dos años, Erik Rihani tiene obras y programas que mostrar. Las calles intervenidas, luminarias instaladas, apoyos sociales, acciones deportivas y programas de seguridad forman parte de su gestión y deben reconocerse en cualquier evaluación seria.

Pero gobernar no consiste únicamente en cortar listones, contabilizar metros cuadrados y sumar beneficiarios.

También significa pagar obligaciones, cumplir sentencias, responder a trabajadores, negociar con sindicatos, garantizar servicios básicos, transparentar pasivos, proteger el territorio y anticiparse a los problemas que traerá el crecimiento.

Ahí es donde el Segundo Informe quedó corto. Rihani explicó ampliamente cuánto hizo, pero no con la misma precisión cuánto debe.

Dijo cuánto ingresó, pero no dimensionó todos los compromisos que podrían presionar esos recursos. Habló de condiciones laborales dignas, pero no presentó un balance integral de las obligaciones reclamadas por sindicatos y trabajadores.

Presumió que Progreso “puede solo”, cuando el mayor proyecto económico de su historia depende precisamente de una gigantesca coordinación de recursos estatales, federales y privados. Y habló del futuro mientras algunos problemas del pasado siguen esperando solución.

Ese es el otro Progreso que también debió aparecer en el informe. Porque el verdadero estado que guarda un municipio no se conoce únicamente contando las obras terminadas.

También se mide contando las deudas, los litigios, los compromisos incumplidos y los problemas que, después de dos años, continúan sin solución. Y esto, no figuró en su informe.

¿Qué incomoda al alcalde?

1. Conflictos sindicales por salarios y prestaciones.
2. Adeudo con el Isstey estimado en unos $150 millones.
3. Laudos y pagos pendientes a trabajadores despedidos.
4. Falta de transparencia sobre pasivos y deudas del Ayuntamiento.
5. Problemas de abasto de agua potable.
6. Caso Las Dunas, con controversias ambientales y judiciales.
7. Fallas en regulación de desarrollos inmobiliarios.
8. Servicios públicos insuficientes ante el crecimiento de Progreso.
9. Dependencia de recursos estatales, federales y privados pese al discurso de “podemos solos”.
10. Problemas heredados aún sin resolver después de dos años.