La desconfianza en las instituciones públicas tiene un detonante claro: la percepción de corrupción.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 84.9 por ciento de la población considera probable que un servidor público acepte sobornos para agilizar trámites, mientras que 82.4 por ciento cree que funcionarios podrían intercambiar favores políticos por beneficios personales.

Estos datos colocan a la corrupción como uno de los principales factores que erosionan la credibilidad de las autoridades, tanto a nivel nacional como en Yucatán, donde la cercanía entre ciudadanía y gobierno hace más visible este tipo de prácticas en la percepción social.

El impacto es directo, apenas 47 por ciento de la población confía de manera alta o moderada en los gobiernos municipales, una cifra inferior a la registrada en instancias como el Gobierno Federal (53 por ciento) y el estatal (53.7 por ciento). Esta brecha refleja cómo la sospecha de actos indebidos influye en la evaluación general del desempeño público.

Además, la encuesta revela que la percepción de corrupción no es un fenómeno aislado, sino que se relaciona con otros factores clave para la confianza, como la transparencia, la imparcialidad y la capacidad de respuesta.

Sin embargo, poco más de la mitad de la población considera probable que las instituciones actúen con base en evidencia o se adapten a las necesidades sociales.

A pesar de este escenario, algunos indicadores muestran contrastes. El 70.6 por ciento de las personas se declara satisfecha con los trámites administrativos y 82.6 por ciento afirma haber quedado conforme con su última gestión, lo que sugiere que la experiencia directa no siempre coincide con la percepción general.

No obstante, el peso de la corrupción en la opinión pública sigue siendo determinante. De hecho, figura entre los principales problemas que preocupan a la ciudadanía, junto con la inseguridad (75.4 por ciento) y la inflación (65.4 por ciento).

El informe no revela información acerca de las capitales de los estados. En Yucatán, donde los ayuntamientos representan el primer contacto con la población en servicios y atención ciudadana, el desafío no sólo radica en mejorar la eficiencia, sino en reconstruir la confianza mediante acciones que reduzcan la percepción de prácticas indebidas.

Los resultados de la Encop 2025 dejan en claro que, más allá de avances en servicios y participación, la legitimidad de las instituciones sigue condicionada por un problema de fondo: la persistente sospecha de corrupción.