Donald Trump ha presentado una iniciativa multinacional denominada Escudo de las Américas, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación hemisférica contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, el proyecto parece responder menos a una lógica de cooperación horizontal y más a una estrategia para consolidar la injerencia estadounidense bajo el pretexto de la seguridad.

El planteamiento del Escudo se articula alrededor de una coalición política que reúne a líderes ideológicamente cercanos a Trump, entre ellos Javier Milei, Nayib Bukele y Santiago Peña. La mayoría, en algún momento, ha mostrado sin empacho su disposición a plegarse a las voluntades del trumpismo, por lo que no les será molesto que Estados Unidos establezca la agenda estratégica, defina los mecanismos de cooperación y delimite los parámetros de actuación.

La designación de la infame y depuesta secretaria de seguridad Kristi Noem como enviada especial para coordinar el proyecto subraya esta lógica de control. Su presencia demuestra que más que un mecanismo multilateral genuino, la iniciativa se configura como una trama de seguridad dirigida desde Estados Unidos, en la cual los socios regionales participan fundamentalmente como ejecutores operativos de una estrategia definida fuera de sus propias estructuras institucionales.

Escudo de las Américas no es más que un nuevo intento de reconstruir mecanismos para el liderazgo estadounidense en Latinoamérica frente a la erosión de su influencia en las últimas décadas, esto de la mano de una de sus funcionarias más violentas y con un grupo de presidentes dispuestos a ceder su soberanía, mismos que se peleaban las plumas regladas por Trump en la reunión y le pedía perdón por hablar en español.En este contexto resulta particularmente significativa la ausencia de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está al margen de la iniciativa, un hecho que responde a una combinación de factores.

En primer lugar, el discurso recurrentemente hostil proveniente de sectores políticos estadounidenses hacia México ha erosionado las bases de confianza necesarias para una cooperación de seguridad de alto nivel. Las reiteradas acusaciones contra el Estado mexicano, así como las amenazas de intervención directa contra los cárteles dentro del territorio nacional, son claras afrentas a su soberanía.

Esta exclusión no es negativa para el país. La composición política del bloque que impulsa el Escudo genera reservas, líderes cuyas gestiones en materia democrática y de derechos humanos ha sido objeto de amplio debate internacional (sin obviar las propias críticas que ha recibido el gobierno mexicano). La tradición mexicana en política exterior se ha guiado por la no intervención, la autodeterminación y la solución pacífica de conflictos, asociarse a una plataforma con ese perfil político podría interpretarse como una ruptura con su perspectiva diplomática.

Finalmente, la exclusión de México en esta iniciativa brinda un mejor contexto, aunque no más fácil, para la defensa de la soberanía nacional sobre la conducción de sus políticas de seguridad y el control de su territorio. No obstante, esta situación también genera tensiones para el gobierno de la presidenta Sheinbaum: preservar la soberanía frente a una iniciativa de control regional y evitar un deterioro de la cooperación bilateral con Estados Unidos.

Para México, la decisión de mantenerse al margen no solo es una postura estratégica frente a una iniciativa específica, sino también una declaración sobre los límites de la cooperación cuando se amenaza la autonomía y soberanía nacional.