La diputada federal Jessica Saidén Quiroz destacó las acciones del Gobierno de México para reforzar la seguridad de productores, trabajadores y empresas frente a amenazas y extorsiones, y afirmó que el Estado debe impedir que la delincuencia condicione la actividad económica de las comunidades.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados señaló que el establecimiento de bases de seguridad para proteger a 17 empacadoras en Michoacán representa una acción concreta para salvaguardar instalaciones productivas, empleos y el sustento de miles de familias.

“Ni la extorsión ni el cobro de piso pueden decidir quién trabaja, quién produce o quién puede sacar adelante a su familia. Donde la delincuencia pretenda imponer miedo o controlar una actividad económica, debe estar presente el Estado con toda su capacidad institucional”, afirmó.

Saidén Quiroz sostuvo que la extorsión afecta a víctimas, cadenas productivas, empleos, negocios y comunidades enteras. Por ello, reconoció el avance de la estrategia federal hacia esquemas de protección focalizados en los sectores con mayores riesgos.

La legisladora destacó que combatir este delito requiere inteligencia, investigación, presencia territorial, coordinación entre autoridades y herramientas jurídicas eficaces. Asimismo, afirmó que desde la Cámara de Diputados debe mantenerse el acompañamiento legislativo para fortalecer a las instituciones responsables de prevenir, investigar y perseguir la extorsión.

“Combatir la extorsión también significa defender el derecho de una persona a abrir su negocio, trabajar su tierra, transportar sus productos o generar empleos sin tener que pedir permiso a un delincuente. Esa libertad también es seguridad”, subrayó.

Finalmente, reconoció la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enfrentar este fenómeno y destacó que ningún grupo delictivo puede estar por encima del Estado ni apropiarse de la tranquilidad y el trabajo de las familias mexicanas.